Las organizaciones ecologistas WWF España y SEO/BirdLife han anunciado que se personarán como acusación popular en el proceso penal abierto por el hallazgo de un adulto de águila imperial ibérica y dos pollos de la misma especie envenenados en 2016 en una finca de la Sierra de San Pedro (Cáceres).
En concreto, hay tres investigados que se enfrentan a penas que pueden llegar, según estas entidades, a los tres años de cárcel y al pago de una indemnización por responsabilidad civil que puede superar los 100.000 euros.
Las ONG ejercerán la acusación popular con el objetivo de ejercer el derecho de acceso a la justicia de la Sociedad Civil y contribuir a la reducción de la impunidad con la que cuenta este delito.
El águila imperial ibérica está catalogada en peligro de Extinción, y Extremadura alberga únicamente unas 50 parejas reproductoras.
No obstante, el caso tiene también otros componentes que pueden agravar la pena si hubiera condena. Además de afectar a especies en peligro, el envenenamiento se ha producido en un espacio protegido de la Red Natura 2000, concretamente en la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Zona de Interés Regional (ZIR) Sierra de San Pedro, en el término municipal de Cáceres.
Indemnización
Por otro lado, la indemnización por responsabilidad civil podría superar los 100.000 euros al valorarse en esta cantidad la conservación de los tres ejemplares de águila imperial, y aún más si el juez considerase la inversión realizada en esta especie en los últimos años en Extremadura.
SEO/BirdLife y WWF España recuerdan que solo entre mayo de 2015 y mayo de 2016 se localizaron seis águilas imperiales ibéricas envenenadas en Extremadura. Esta especie es, desde hace años, objeto de programas de seguimiento y recuperación por parte de las administraciones públicas y ONG.
“Se invierten grandes esfuerzos económicos y de personal para recuperar sus poblaciones, incluidos proyectos regionales y europeos como el Programa Life+, que han supuesto una inversión de unos 11 millones de euros en los últimos años en la Comunidad Autónoma.