La propuesta de impulso ha sido presentada por el PP, cuyo portavoz, Luis Alfonso Hernández Carrón, entiende que al pueblo extremeño “se le ha hurtado” conocer informes del Banco de España y de Intermoney sobre el estado de las cuentas de Caja Badajoz previos al proceso de fusión en Caja3 con Caja Inmaculada y Circulo Católico.
No conocer la verdadera situación de estas entidades, ha impedido, entre otras cuestiones, fijar otro reparto, que hubiera dado más peso en la misma a la entidad extremeña de cara a la posterior fusión en Ibercaja.
Carrón además ha recordado que la comisión de investigación que se creó en la Asamblea de Extremadura elaboró un dictamen en 2014 en el que se ponía de manifiesto que fue un proceso viciado, había necesidad de revisar el porcentaje de participación y valoración de las partes societarias y deterioro patrimonial de Caja Badajoz.
Como esto no ha sido posible, ya solo se pueden conocer a través de un juez y por eso pide a la Junta iniciar las acciones legales y judiciales necesarias para reclamar una valoración justa de las acciones de Caja Badajoz en el proceso de fusión de Caja3.
En su opinión, es necesario aclarar las circunstancias de esta fusión, tanto por los trabajadores como por la sociedad extremeña, y ha añadido que la negativa del PSOE a apoyar esta iniciativa solo puede responder a un interés “por ocultar” determinadas actuaciones.
Por su parte, el portavoz de Podemos, Obed Santos, recuerda que antes de este proceso se eligió al entonces director gerente del Servicio Extremeño de Salud (SES) Francisco García Peña para presidir Caja Badajoz, al que responsabiliza de una “nefasta gestión”.
Este nombramiento y otras anomalías que se produjeron posteriormente son, a su juicio, razones suficientes para apoyar la iniciativa.
Sin embargo, el portavoz del PSOE, Celestino Vegas, recuerda que todo el proceso de fusión y las decisiones que se adoptaron fueron aprobadas por unanimidad por el Consejo de Administración y ratificadas por la Asamblea General de Accionistas.
Vegas señala que es “una frivolidad” en estos momentos acudir a instancia alguna con estos informes, además de plantearse con que argumentos se les da más valor a estos informes que a los utilizados por las entidades en el proceso, que además sería una “injerencia política” en el trabajo interno de la entidad.