El abogado madrileño Eduardo Ranz ha registrado una petición dirigida a la Junta de Extremadura en la que solicita un dictamen jurídico sobre el comportamiento de 17 municipios, entre ellos Badajoz y Cáceres, que no han redactado todavía un catálogo de vestigios franquistas con arreglo a la ley de Memoria histórica, y en los que ha constatado 81 incumplimientos en total.
Se trata de nombres de calles y plazas sobre Franco, José Antonio, destacados militares del golpe de Estado contra la República, e ideólogos de aquel régimen; denominaciones enteras de municipios como Guadiana del Caudillo o Villafranco; escudos franquistas, cruces a los caídos como la existente en Cáceres capital, o placas de entidades de aquella época como el Instituto de la Vivienda, todo ello prohibido y según la Memoria Histórica de eliminación obligada.
El abogado ha mandado una solicitud similar a los órganos jurídicos consultivos de otras 11 comunidades, que incluyen un total de 349 municipios contando también Extremadura, entre las cuales destaca por el número de ayuntamientos Castilla y León con 191, seguida de Castilla-La Mancha con 69 y Aragón con 21, pero relación en la que Extremadura ocupa el cuarto lugar con 17 municipios incumplidores.
En la provincia de Badajoz las ilegalidades están en la capital, con nombres de José Antonio y un escudo en la Delegación Provincial del Instituto Nacional de Estadística en la avenida de Europa, que está en la fachada oculto por unos árboles y que ha sido pintado en el mismo color de la misma.
En Guadiana y Villafranco se denuncian sus denominaciones municipales, y en Peñalsordo hay siete calles con nombres como José Antonio, Yagüe (“el carnicero de Badajoz”), Moscardó o Queipo de Llano.
Cáceres
En esa provincia, en la capital se denuncia el nombre de Primo de Rivera en el callejero, la Cruz de los Caídos, y 10 placas del Instituto Nacional de la Vivienda que también estarían prohibidas.
En Berrocalejo hay nueve calles con nombres franquistas; en Casas de Don Antonio, Navalvillar de Ibor, Ruanes y Santa Cruz de Paniagua 5 en cada caso, Casas de Don Gómez 4, Santibáñez el Alto 6, Peraleda de San Román 10, y cantidades menores en Collado de la Vera, La Garganta, Jarilla, y Villa del Campo.
Ya que en ninguno de esos municipios se ha hecho según el denunciante el obligado catálogo para la ley de Memoria Histórica, solicita del órgano consultivo de Extremadura (el escrito está dirigido al Consejo Consultivo pero sus funciones las asumió una comisión jurídica dependiente de la Abogacía de la Junta) un dictamen de alcance regional sobre el presunto incumplimiento por parte de esos 17 ayuntamientos del artículo 15.1 de la Memoria Histórica (hacer catálogo y eliminar vestigios), para “resolver, si procede, a la democratización de la simbología”.
El letrado madrileño pretende una vinculación directa del órgano consultivo extremeño con una “versión democratizada” de calles y pueblos.
Euskadi, según añade en su escrito, es la única comunidad que a partir de 2009 aplicó en su integridad la ley en este aspecto.