El anticiclón se prolonga sobre la región y deja estas semanas unas temperaturas con heladas generalizadas, en un territorio con la renta económica familiar más baja de España y una de las tasas de paro más altas. Cuando acabe el invierno, allá por marzo, 200 extremeños, en su mayor parte de edad avanzada, habrán muerto por enfermedades asociadas a la incapacidad económica para mantener una temperatura confortable en su casa.
Es la ‘pobreza energética’, un concepto que se maneja con más frecuencia desde que empezó la crisis, y que contempla dos problemas, el de quienes no tienen dinero para poder calentar suficientemente la vivienda, y el de las familias que lo consiguen pero a base de destinar más del 10% de su presupuesto a pagar la energía de calefacción, con lo que se ven obligadas a escatimar en otros gastos como los alimentos; en ambos casos la tasa extremeña es peor que la media nacional.
Según un estudio de la Asociación de Ciencias Ambientales la tasa de mortalidad adicional de invierno (TMAI) se lleva todos los años la vida de 7.200 españoles, una cifra que duplica con creces la de quienes mueren cada año en accidentes de tráfico, un problema que por contra convoca mucha mayor atención por parte de las autoridades y de la sociedad en general.
Esa tasa, basada en estudios internacionales y entre otros los de la Organización Mundial de la Salud, mide el número de muertes adicionales que se producen sobre los meses anteriores y posteriores al invierno, y que están asociadas a no poder mantener las viviendas a una temperatura mínima que se considera de 21 grados centígrados en el salón, y 18 en el resto de habitaciones de la vivienda.
La falta de confort térmico está relacionada con un mayor riesgo de sufrir enfermedades respiratorias y cardiovasculares, una de las causas del aumento estacional de la mortalidad durante los meses de invierno entre personas de edad avanzada; habitar una vivienda con temperaturas inadecuadas en invierno también es causa de afecciones menores como la gripe y el resfriado, y empeora la situación de personas con artritis y reumatismo.
Muertes en la región
De esas 7.200 muertes al año en España por pobreza energética en invierno, 200 sería en Extremadura, que al tener una población más envejecida, como Asturias o Galicia, padece una elevada tasas de mortalidad adicional en los meses más fríos del año. Las personas mayores son las más vulnerables – o casi las únicas vulnerables – al riesgo de morir de forma prematura en los meses de frío, por múltiples causas.
El mismo estudio de la Asociación de Ciencias Ambientales estima en 91.000 extremeños, algo menos del 10% de la población regional, la que sufre el problema en mayor medida, no tienen dinero para calentar la casa suficientemente; esa cifra descendió entre 2007 y 2008 hasta quedar en este último por debajo de la media nacional, pero en 2009 empezó a subir y desde entonces se sitúa por encima.
A la vez para otros 222.000 extremeños el gasto en energía es excesivo y les arrebata más del 10% de sus ingresos mensuales; en comparación con la media nacional la Comunidad siempre ha estado peor en ese aspecto.
En total la pobreza energética acosa a 331.000 extremeños, casi uno de cada tres.
Una de las soluciones es el bono social de la electricidad, una tarifa protegida y subvencionada por el Gobierno central, pero en la región el número de beneficiarios se ha reducido en más de 2.000 los últimos años. Con la nueva reforma eléctrica el bono social no estará ligado al número de miembros de la familia ni únicamente a la renta, al establecerse unos topes por debajo de los cuales no se tendrá derecho.