El alcalde de Olivenza, entre la dimisión o cuestión de confianza por un plan de ajuste económico

El alcalde socialista de Olivenza, Manuel González Andrade, lleva este miércoles 23 al pleno municipal la aprobación de un plan de ajuste económico obligado después de que el Ministerio de Hacienda se haya tenido que hacer cargo del pago a proveedores por un importe de 1.699.000 euros. El problema es que no tiene mayoría absoluta, y la llave de la votación está en poder de una Izquierda Unida que le ha pedido la dimisión como condición previa.

La corporación municipal de este municipio situado 27 kilómetros al sur de Badajoz está compuesta por 8 concejales del PSOE, 7 del PP y dos de Unidas por Olivenza-IU, y González es alcalde gracias a la abstención de IU en la elección celebrada el año pasado.

Tras incumplir los plazos reglamentarios de pago a proveedores, el Ayuntamiento (11.800 habitantes) se ha tenido que acoger a las medidas del Ministerio de Hacienda, que se ha hecho cargo de la deuda pero la condición es que el municipio apruebe antes del día 25 un plan de ajuste para una devolución mensual del préstamo.

El plan que se presenta al pleno de este miércoles prevé la subida generalizada de tasas e impuestos (agua, basura, IBI, actividades económicas, rodaje...), la reducción en un cinco por ciento del gasto en personal, y menos gastos generales y de mantenimiento, entre otras medidas.

Pero para IU Olivenza, cuyos votos o abstención es necesaria para la aprobación del plan, el visto bueno pasa por la dimisión irrevocable de Manuel González, alcalde que lleva nueve años en el cargo y ahora preside también la federación extremeña de municipios y provincias, ya que “quien ha creado el problema no es la persona adecuada para solucionarlo”, reprocha el esa formación izquierdista.

Manuel González dejaría paso a otra persona del PSOE que asuma el liderazgo.

Deuda insostenible

Izquierda Unida señala al actual alcalde como “máximo responsable” de la “crisis” que vive en la actualidad el municipio.

De cara al pleno de este miércoles votarían “por responsabilidad” a favor del texto, aunque “no necesariamente” el que se presentará, o en su defecto “abstenerse en la votación” de ese plan “siempre y cuando se cumpla una condición fundamental: la dimisión irrevocable” de González Andrade.

En opinión de IU, “el actual alcalde debe apartarse” y que otra persona de su partido (el PSOE), la formación más votada en las últimas elecciones municipales, asuma el liderazgo “para gestionar esta grave situación”.

“Si el primer edil se niega a dimitir, Izquierda Unida votará en contra de cualquier plan de ajuste, porque quien ha generado este problema no es la persona adecuada para solucionarlo”, sigue un comunicado.

El Ayuntamiento oliventino “se encuentra actualmente en una situación económica extremadamente delicada, resultado de la pésima gestión del actual alcalde, momento en el que las deudas son insostenibles”, y “la realidad es que estas deudas, por ley, deben ser pagadas sí o sí”.

Precisa que el Consistorio tenía dos opciones, presentar un plan de ajuste acordado con el Ministerio de Hacienda para poder solicitar un préstamo a largo plazo al Estado, que proporcionaría la liquidez necesaria para hacer frente a las deudas, o no presentar ningún programa, lo que “inevitablemente implicaría mayores intereses y una carga económica más pesada para el Ayuntamiento, y por ende para toda la ciudadanía”.

González Andrade presentó el plan de ajuste a los partidos de la oposición el pasado 17 de octubre, que recibieron el documento completo un día después, con la intención de que se apruebe este miércoles (debe estar avalado antes del viernes).

Para IU la propuesta “llega tarde y mal”, y la forma de presentar el programa ha sido “una irresponsabilidad” y “una falta de respeto” tanto para la ciudadanía como para sus representantes.

PP: cuestión de confianza

Por su parte el Partido Popular rechaza el plan de ajuste presentado y exige al alcalde Manuel González que se someta a una cuestión y votación de confianza.

Olivenza y Plasencia son las dos localidades extremeñas que por sus obligaciones de pago a proveedores han tenido que acogerse forzosamente a planes de ajuste, en el primer caso con los 1.699.000 euros citados, y en el caso de la ciudad cacereña por 5,6 millones de euros.