Asociaciones cannábicas instan al Parlamento regional a que abra el debate para regularizar la marihuana

La Federación de Grupos Cannábicos de Extremadura ha registrado una propuesta en la Asamblea dirigida a todos los grupos parlamentarios extremeños, en la que piden su apoyo para la creación de una Comisión Mixta en Cortes Generales sobre el cannabis y su posible regulación en el nuevo contexto nacional e internacional.

Abogan por hacerlo desde planteamientos respetuosos con los derechos humanos, la evidencia científica, la realidad social, la salud individual y colectiva y la necesaria protección de los colectivos vulnerables.

Para la federación extremeña, que agrupa a cuatro asociaciones cannábicas, la ponencia de estudio en comisión parlamentaria es un paso previo en su apuesta por la regularización de la marihuana. El movimiento extremeño cannábico explica que hasta ahora la no regularización ha creado una situación ‘compleja’ en España, que produce inseguridad jurídica tanto al autoconsumo como a los enfermos que usan la marihuana con fines terapéuticos.

Hasta ahora la justicia, también en Extremadura, ha aplicado la doctrina del ‘consumo compartido’. Determinadas formas de abastecimiento y consumo colectivos en clubes han sido toleradas por la Jurisprudencia menor que, con carácter general, “extendía la construcción del consumo compartido no delictivo a las actividades que se desarrollaban en los clubes sociales cannábicos”.

Consumo terapéutico

Una de las situaciones más contradictorias se produce con el consumo con fines terapéuticos. Facilitan el acceso a dosis a enfermos de cáncer y otras dolencias, con la colaboración de un médico. Sin embargo los usuarios de las unidades del dolor no reciben los tratamientos vía prescripción médica y el suministro se encuentra en un'limbo'. Acceden a la sustancia por su cuenta y riesgo.

Defienden que el acceso al cannabis en condiciones de salubridad debería ser posible no solo a través de asociaciones de consumidores, sino por otras vías como ya ocurre en otros lugares. “Deberían estudiarse los sistemas de suministro en comercios especializados o en farmacias, sin olvidar la conveniencia de regular el autocultivo”.

¿Qué ocurre con el autoconsumo?

La federación ha explicado que hasta ahora la justicia ha permitido a los clubes –no sin previas denuncias-- el consumo entre un reducido grupo de personas.

A modo de asociación los integrantes firman un compromiso de consumo responsable, siendo mayores de 21 años. Se declaran consumidores dentro de un círculo cerrado, siendo por tanto un lugar que no abastece al exterior y que tampoco comercializa.

De modo que aunque ha habido intervenciones policiales y se abrieron causas penales, “en la mayoría de los casos no acarrearon condenas por delito de tráfico de drogas”. Sin embargo advierten de un antes y un después a partir de 2013, tanto desde Fiscalía como con la entrada en vigor en 2013 de la ‘Ley Mordaza’.

Debate en 6 parlamentos

En las comunidades de Cantabria, País Vasco, Navarra, Cataluña y Baleares, ahora también en Extremadura, se insta en los parlamentos regionales a la creación de una comisión que abra el debate sobre la regularización de la mano de una comisión de especialistas y el análisis y estudio del contexto internacional en torno a la marihuana y la legalización que ya existe en otros países. Apuntan a los avances que por ejemplo se han registrado en Portugal, donde ya se han tomado medidas en este sentido.

Las asociaciones de usuarios han funcionado durante 15 años sin una normativa administrativa específica, mediante sistemas de auto-regulación “que no han planteado, hasta hace unos meses, grandes fricciones con la ley”.

Las Federación de Grupos Cannábicos de Extremadura comenta en su justificación ante los grupos parlamentarios regionales que aunque hubo intervenciones policiales y se abrieron causas penales, en la mayoría de los casos no acarrearon condenas por delito de tráfico de drogas. Pero la estrategia de la Fiscalía General del Estado se modificó con la Instrucción 2/2013.

“Con ella se ordenaba a todos los fiscales acusar en el caso de las asociaciones, de producción y consumo de cannabis por delito de tráfico de drogas y por delito de asociación ilícita o de integración en grupo organizado. Esto suponía una petición de pena mayor a la del solo delito de tráfico de drogas y, con ello, la posibilidad de llegar al Tribunal Supremo”.

Apuntan además a recientes sentencias del Tribunal Supremo, que han condenado a dirigentes o socios de clubes por delito de tráfico de drogas. Han establecido que, con carácter general, las actividades de producción y distribución de cannabis que se realizan en estas asociaciones “son delictivas”. “Para el Alto Tribunal la única solución para dar una respuesta no criminalizadora a estas asociaciones es una modificación de la legalidad que permita su actuación conforme a derecho. Es decir, se sitúa la solución en el ámbito parlamentario”.

En este sentido la Sentencia del Tribunal Supremo 484/2015, de 7 de septiembre, reconoce la existencia del debate sobre la regulación del cannabis, “pero éste no puede residenciarse en los Tribunales de Justicia”

“Cierto es que el autocultivo destinado a satisfacer el consumo propio no es delictivo en España, pero no está reglamentado; además, la entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo de protección de la seguridad ciudadana ha causado inseguridad, dada la amplitud de conductas que considera sancionables”. Todo lo anterior contrasta con la evolución que puede observarse en la sociedad española y con la percepción que tiene de los riesgos ligados al consumo del cannabis.

Iniciativas parlamentarias

Dentro del territorio español existen parlamentos que han aprobados leyes de regulación (es el caso del Parlamento de Navarra, cuya Ley Foral 24/2014, de 2 de diciembre, reguladora de los colectivos de usuarios de cannabis en Navarra, está pendiente de un recurso de inconstitucionalidad). Hay otros que han aprobado leyes que, aunque no regulan específicamente, reconocen la existencia de los clubes sociales de cannabis (es el caso del Parlamento Vasco, cuya Ley 1/2016, de 7 de abril, de Atención Integral de Adicciones y Drogodependencias, está pendiente de un recurso de inconstitucionalidad).

A lo que se suma el debate de las iniciativas legislativas populares (en el parlamento catalán se estudia una Proposición de Ley de las asociaciones de personas consumidoras de cannabis -202-00090/10-); o han tenido una intensa actividad sobre el particular.

En este sentido puede destacarse que la Comisión de Salud y Consumo del Parlamento vasco aprobó el 25 de abril de 2016 la Proposición no de Ley 41/2016, sobre clubes sociales cannábicos (Nº de expediente 19/11/02/01/0891), instándose: “a las Cortes españolas, al Gobierno del Estado y a la Administración de Justicia a efectuar avances sólidos, tanto en una regulación como en una interpretación jurídica consistentes, que permitan progresar de un modo decidido, al igual que otros países lo están haciendo, por la senda de regular el consumo del cannabis, siempre desde la perspectiva de que se trata de un producto que conlleva riesgos para la salud”. La Proposición no de Ley del Parlamento de Cantabria (9L/4300-0155) también insta al Gobierno de España en el mismo sentido que la anteriormente citada.

Por último, Proposiciones no de Ley presentadas en el Congreso de los Diputados instando a tomar medidas para despenalizar los derivados del cannabis, o sobre la despenalización del consumo y la tenencia de cannabis y creación de una Ponencia para el Estudio del Problema de la Droga en aras a analizar la regulación del cannabis y sus derivados en España, entre otras.

También explican que el grupo parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) presentó una proposición no de ley, en la que instaba al Gobierno a realizar “una regulación integral del cultivo, tenencia en vía pública y consumo de cannabis”. Por su parte, el grupo parlamentario de Ciudadanos presentó, el pasado 20 de febrero, otra proposición en la que solicitaba la regulación del uso medicinal de los productos derivados del cannabis, para su debate en el Pleno del Congreso, la Comisión Mixta para el Estudio de las Drogas y la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Por último, una propuesta de Unidos-Podemos en el Senado en forma de proposición no de ley instando a la creación de una comisión de estudio sobre el cannabis y su posible regulación en el nuevo contexto nacional e internacional.