El Gobierno ha confirmado que el policía nacional que denunció al primer teniente de alcalde de Badajoz el día 13 de junio, Alberto Astorga, actuó “conforme a la legalidad”. Con esta respuesta, el Gobierno deja bien claro que el agente estuvo amparado por la legalidad, pese a que el mandatario municipal pusiera en entredicho reiteradamente su forma de actuar y su denuncia.
La respuesta del Gobierno ha tenido lugar tras una pregunta del grupo socialista en el Congreso de los Diputados, e indica que el 4 de septiembre se ordenó la práctica de una información reservada para el esclarecimiento de los hechos, así como de sus presuntos responsables en relación con las actuaciones llevadas a cabo por funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. Dicha información, asegura el Gobierno, ha sido archivada ya que la actuación policial fue “en todo momento acorde con la legalidad vigente, amparada y encuadrada en el ordenamiento jurídico”
Aparca donde le da la gana
El agente de policía nacional estaba de servicio la noche en la que Alberto Astorga aparcó su moto en un lugar reservado para minusválidos, fue alertado de ello por el agente, que se llevó por ese motivo una reprimenda del teniente de alcalde y la contundente respuesta de “usted no sabe con quién ha dado”.
Cuando se hizo público este informe policial, Astorga negó que hubiera aparcado en zona de minusválidos. Una fotografía publicada en el diario HOY le dejó en evidencia y no tuvo más remedio que admitir que se había equivocado. El diario publicó el pasado verano el informe de los hechos redactado por el agente en el que éste describe los hechos que ahora acaba de avalar el Gobierno: «El agente observa cómo un varón de unos cincuenta años de edad estaciona su motocicleta en la zona reservada al aparcamiento de minusválido… El funcionario le dice que el vehículo no lo podía aparcar ahí. Esta persona le contesta de manera despectiva diciéndole que aparcaba porque le daba la gana».
En ese relato de los hechos a cargo del agente de policía nacional se indica que llama a su contacto con el 091 y que de ahí se pasa aviso a la policía local, subordinados de Alberto Astorga, ya que en esa fecha ocupaba las delegaciones de Hacienda y la de Policía.
“Usted no sabe con quién ha dado”
El concejal Astorga se marchó a un acto oficial que tenía, tras dejar la moto aparcada en el espacio de minusválidos. A su regreso volvió a producirse un nuevo choque verbal con el agente que el policía registró en estos términos: «Más tarde el señor regresa y se acerca a la puerta de la comisaría y llama al funcionario diciéndole 'al final me has denunciado la motocicleta', rompiendo la denuncia y volviendo a reiterar que era concejal de Seguridad y que no sabía con quién había dado. Comienza a tirar fotos al coche del policía y se dirige hacia su moto con intención de marcharse. El agente le advierte que no la cogiera porque presentaba síntomas de haber ingerido bebidas alcohólicas, a lo que se negó montándose en su moto, arrancándola y circulando con ella unos metros por lo que el funcionario se pone delante».
Según se pudo conocer con posterioridad, el concejal Astorga llamó a un mando policial y a otras personas, cuya identidad no se llegó a desvelar en la comisión de investigación abierta en el Ayuntamiento de Badajoz. «El agente llama al indicativo Cobra. Astorga llama a un alto mando policial y a otras personas conocidas. El agente pide un indicativo de Policía Local para realizarle la prueba de alcoholemia. Los indicativos estaban realizando controles y no pudieron personarse».
Tras esos hechos ocurridos a comienzos del verano, PSOE e IU, pidieron al alcalde Fragoso, del PP, que dispone de mayoría absoluta, la dimisión de Astorga. Fragoso zanjó el caso con la destitución de Astorga como concejal de Policía y Tráfico pero le mantiene como teniente de alcalde y concejal de Hacienda.
En la comisión de investigación no llegaron a aclararse puntos clave en este asunto tales como la intervención de un mando de la policía nacional que paralizó la prueba de alcoholemia que estaba en curso, o una reunión secreta entre mandos de la policía local y nacional.