Seis fundaciones, consorcios o entidades de la Junta de Extremadura, en concreto Fundesalud, la Fundación Extremeña de la Cultura, la Fundación Orquesta de Extremadura, Computaex, la Fundación de Relaciones Laborales y la Agencia Extremeña de la Energía (Agenex), presentan deficiencias críticas en el Informe General de Auditoría del Gobierno regional correspondiente al ejercicio 2020.
La interventora general de la Junta, Elisa Cortés, ha comparecido este lunes ante la Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Asamblea de Extremadura, para informar, a petición del PP, sobre este Informe General, que consta de 60 páginas y que ya fue remitido a este órgano del parlamento extremeño.
Elisa Cortés ha expuesto el contenido global de este documento y se ha centrado más en la auditoría correspondiente a fondos europeos, con una cuantía de más de 500 millones de euros, frente a los 23 millones que corresponden a lo destinado a fundaciones, consorcios y entidades.
Esto ha dado lugar a un cruce de acusaciones entre ella y el diputado del PP, Luis Alfonso Hernández Carrón que ha acusado a la interventora general de “falta de respeto” a la Asamblea de Extremadura por centrarse en los fondos europeos y en los procedimientos de la intervención y “pasar de puntillas por los problemas graves” que tienen las entidades dependientes de la Junta.
A su vez, Elisa Cortés ha dicho que lo que supone una falta de respeto hacia ella y el departamento que representa es hacer una pregunta global sobre el Informe General de Auditoría y pretender que su comparecencia se centre solo en una parte. Además, ha dejado claro que la Intervención detecta las deficiencias si las hay, pero en ningún caso propone soluciones, ya que no es esa su competencia.
En ese sentido, Cortés ha indicado que en las auditorías de cuenta de estos entes, dos recibieron informe satisfactorio; 14 informe favorable con salvedad; y seis, desfavorable al presentar deficiencias consideradas críticas. Según ha explicado, en Extremadura ninguna fundación alcanza el volumen de gastos requerido por la ley para ser incluida en el plan de auditoría por la Intervención General, y aún así sus cuentas son auditadas.
Cortes también ha indicado que para un total de las 18 entidades dependientes de la Junta que han sido auditadas se ha pedido que las consejerías de las que dependen elaboren un plan de acción para solventar las deficiencias detectadas, planes que en estos momentos estudia la Intervención General, “por lo que aún no podemos dar resultados”. Sí ha dejado claro, sin embargo, que cuando se han cobrado retribuciones superiores a lo establecido, se solicita el reintegro sin necesidad de requerir ningún plan de acción.
Por su parte, Luis Alfonso Hernández Carrón ha expuesto que solo la Fundación Godofredo Ortega y Muñoz y la Fundación Helga de Alvear presentan un grado correcto en sus auditorías, con deficiencias muy débiles o débiles, mientras que 14 entidades presentan deficiencias importantes y seis, críticas.
Según el diputado del PP, el Informe General de Auditoría recoge que en el Festival de Teatro Clásico de Mérida se ha abusado de compras mediante procedimiento negociado sin publicar por valor de 350.000 euros. Igualmente, señala que el el Consorcio Gran Teatro de Cáceres hay trabajadores que no tienen contrato ni relación laboral pero reciben gratificaciones fijas y periódicas por valor de 16.000 euros; y que en la Fundación Orquesta de Extremadura “se adjudican los contratos a dedo sin procedimiento de licitación por un valor de más de 142.000 euros”.
Además, se indica de su gerente el cobro indebido, superior a su salario, de 13.000 euros, al igual que el director gerente de Fundecyt, que tiene un sueldo que supera en 8.000 euros los límites legales.
También ha citado que en el Centro de Cirugía de Mínima Invasión de Cáceres se han detectado contrataciones sin proceso de licitación por valor de 270.000 euros; en Agenex contrataciones de personal a dedo o en Fundesalud el pago por ensayos clínicos a profesionales del SES sin la correspondiente compatibilidad, por sociedades interpuestas, y por una cantidad de 700.000 euros.
Todos los grupos de la oposición han destacado el trabajo y el rigor de la Intervención General de la Junta de Extremadura, aunque el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín García ha lamentado que no cuente con recursos propios suficientes, ya que, tal y como se recoge en el propio informe, el 56,25% de las auditorías se realizan por firmas privadas contratadas por este departamento del Gobierno regional.