Diez comunidades autónomas, las ocho gobernadas por socialistas más la navarra y la catalana, han bloqueado la distribución de fondos para políticas activas de empleo en 2017 como protesta ante la actitud del Ejecutivo, que a su juicio ha querido “unilateralmente imponer su modelo”.
“Hemos pedido votar en todos los puntos y planteado llegar a un consenso”, ha declarado a los medios al término de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales el consejero de Empleo de Baleares, Iago Nagueruela, quien ha justificado así esa “decisión sin precedentes”.
La distribución de los 2.060 millones de euros para políticas activas de empleo queda así por el momento suspendida, aunque las autonomías convocarán una conferencia sectorial con carácter urgente para hablar de modelo de empleo y “volver a dialogar”.
“Han obviado a las comunidades”
Los representantes autonómicos consideran que la ministra Fátima Báñez ha obviado a las comunidades. La Junta explica que Extremadura, junto a la mayor parte de las comunidades, ha rechazado el diseño de la Estrategia por no centrarse en asuntos fundamentales, tales como las políticas dirigidas a los colectivos prioritarios (jóvenes, mayores de 45 y parados de larga duración). También acusan al Ejecutivo de no apostar por políticas que luchen contra la precariedad laboral, la temporalidad y la parcialidad, así como la devaluación salarial y el recorte que han sufrido las prestaciones y subsidios.
Además “esta estrategia supone una prórroga de la de 2012, así como una continuidad de las políticas de austeridad auspiciadas por la Reforma Laboral, aún en un contexto de crecimiento económico”, señala el gobierno extremeño.
Por otra parte, la Estrategia pone en evidencia a su parecer la voluntad del Gobierno de reducir los servicios públicos de empleo en favor de empresas privadas de colocación, “que ahondarán en el debilitamiento de los servicios públicos y debilitarán aún más la situación de los colectivos más vulnerables”.
Estas comunidades también han rechazado el reparto de fondos de la Conferencia Sectorial, “al no existir un compromiso financiero real, más allá del mantenimiento de los niveles actuales de financiación, que son insuficientes y muy por debajo de los 3.200 millones de 2011”. “Esto es 1.400 millones más que el presupuesto actual presentado por el Ministerio”.
Las comunidades de Aragón, Andalucía, Asturias, Baleares, Castilla La Mancha, Catalunya, Cantabria, Extremadura, Navarra y Comunitat Valenciana reclaman a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que convoque a la Comisión de Seguimiento de la Conferencia de Presidentes para replantear y pactar una Estrategia que se adapte a la situación del mercado actual y a las realidades de cada comunidad autónoma.