Baselga dice que las ocupaciones de viviendas están aumentando en Extremadura y propone una ley

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Fernando Baselga, ha asegurado que si su partido llega al Ejecutivo regional pondrá en marcha una ley “antiokupas” para poner fin al “acoso” a los propietarios y la ocupación ilegal de viviendas que “está aumentando en la región” y es una “preocupación” creciente en la sociedad.

La ocupación ilegal ha puesto “en peligro” la propiedad privada y las intervenciones policiales y judiciales se “eternizan”, ha manifestado Baselga en declaraciones a los medios, este martes en Mérida, junto al candidato de Cs a la alcaldía de la capital autonómica, Andrés Humánez.

Según el candidato a la Presidencia, la vivienda “sigue siendo una asignatura pendiente” en España “tras 40 años de bipartidismo” y, a su juicio, la nueva ley en esta materia, “con muchísimas deficiencias”, ha agravado la situación del mercado inmobiliario pues ha provocado una reducción de la oferta, encarecimiento de precios y “miedo” entre los propietarios.

Asimismo, Baselga ha criticado que “una parte importante” de las vivienda sociales anunciada por el Gobierno pertenece a la Sareb, la mayoría de ellas ocupadas, por lo que tendrán que “desahuciar” a sus inquilinos o “se las tendrán que adjudicar directamente”.

Baselga ha señalado que “si queremos que los jóvenes permanezcan en la región y puedan tener una vida digna, es fundamental que tengan una vivienda” para lo que ha anunciado medidas encaminadas a facilitar el acceso a una hipoteca para adquirir una primera vivienda y ayudas a la rehabilitación de inmuebles en el medio rural.

En este sentido, ha apuntado que en localidades como Jerez de los Caballeros o Barcarrota existen “múltiples problemas pare la rehabilitación de viviendas por temas de patrimonio”, un asunto que “hay que empezar a resolver”.

Por su parte, Humánez ha anunciado que su partido dotará a Mérida de un parque público de 300 viviendas a través de la enajenación de la VPO con un coste de 18 millones de euros, además de una asignación de 500.000 euros para los propietarios que sufran ocupaciones reciban una indemnización por daños y perjuicios.

“La Junta se reserva el derecho de tanteo y retracto de cada transacción que se realiza en Extremadura y puede reservar el derecho de adquirir esas viviendas”, sin embargo, el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, “hasta la fecha no se ha quedado ninguna”, ha criticado Humánez.