Se trata de una reclamación vía administrativa, que será entregada a todas aquellas personas que cumplen los requisitos para cobrar la renta básica, y que sin embargo llevan meses esperando la prestación.
El gabinete jurídico de la Acampada Dignidad ha elaborado el documento y prepara cientos de recursos que piden a la administración que pague una indemnización de los particulares por las lesiones que pueden haber sufrido por el funcionamiento anormal de este derecho universal.
Para el campamento queda claro que una prestación destinada a cubrir las necesidades básicas de quienes se encuentran en situación de exclusión o riesgo de exclusión, y que no llega, supone una clara negligencia de la administración.
Pese a que el gobierno de Monago ponía de manifiesto que tanto los procedimientos de pago como la resolución de nuevas rentas Básica se gestionaban con normalidad, lo cierto es que existen miles de expedientes correspondientes a la ley del 2013 y los de la convocatoria de la Orden de 28 de octubre de 2014, según denuncia tanto el campamento como Podemos. En otros casos, los solicitantes, tras no obtener respuesta de la administración, han recibido la renta básica en la nueva convocatoria, presentando las mismas condiciones que un año atrás. Esto significa que, pese a reunir las condiciones, se les ha privado de la renta básica durante un largo periodo.
Algunas fuentes hablan de que hasta 13.000 solicitudes de renta básica permanecen aprobadas, en el limbo, a la espera de ser cobradas.
“Hay cajas enteras de documentación sin abrir”
El recurso los solicitantes tendrán que demostrar que existe una relación de causa-efecto entre el daño que ha sufrido al no cobrar, y el mal funcionamiento de la Administración. Por ejemplo: Si nos piden más de una vez los mismos documentos, se puede retrasar el cobro, como ha ocurrido en muchos casos.
Manuel Cañada, miembro del campamento, pone de manifiesto que hay “cajas enteras de documentación” de las primeras convocatorias sin abrir, “argumentando en muchos casos el extravío de papeles para no abonar la renta”.
El objetivo, es que las primeras reclamaciones sean casos muy evidentes, donde la negligencia sea clara, con el objetivo de abrir jurisprudencia. “Vamos a tener que pelear, porque es un reclamo patrimonial, pero en el momento en que se logren las primeras victorias a la administración no le quedará más que reconocer que se han cometido negligencias con una prestación de emergencia social necesaria para miles de familias”.
La vía penal para el equipo de Monago
En la segunda vía el campamento quiere sentar al equipo de Monago responsable del pago de la renta básica en el banquillo. Insiste en que, al tratarse de una ayuda de emergencia, que no ha llegado a miles de familias en situación de vulnerabilidad --a pesar de ser un derecho universal--, el PP tendrá que dar explicaciones ante un juez.
Resalta Cañada por ejemplo, el caso de la dimisión del jefe de servicio encargado de la renta básica, que unos días después de la derrota de Monago dimitió. Un mes más tarde, su ausencia ha generado más colapso y más retrasos en el cobro de esta prestación, según han trasladado varias fuentes a este diario.
Con el cese del jefe de servicio, sin esperar la llegada del nuevo gobierno del PSOE, se habría paralizado documentación que tenía que pasar por sus manos, y que tenía que contar con su rubrica, con el consiguiente ‘embrollo’ burocrático.
Otras voces críticas van más allá: señalan que no se han efectuado por falta de fondos, pese a que la ley dice que el crédito es ampliable y tiene que estar siempre cubierto.