Carcaboso, la trituradora de alcaldes

Carcaboso es un pueblo de 1.200 habitantes donde el alcalde puede ser denunciado en Fiscalía por la oposición, por hacer una puerta lateral en la casa del cura para que la entrada no dé directamente a las mesas de una terraza de bar, y eso a pesar de que el propio Ayuntamiento usa esas dependencias para algunos fines sociales.

Es también la localidad, 12 kilómetros al oeste de Plasencia, donde un bar restaurante puede recibir hasta dos inspecciones por mes de la Junta de Extremadura, 24 por tanto en lo que va desde las últimas elecciones autonómicas, y el dueño se ve así obligado a cumplir todas las normativas más que ningún otro.

Carcaboso es en los últimos años una trituradora de alcaldes, y así han acabado fulminados por prevaricación los dos últimos, el primero de Izquierda Unida-Socialistas Independientes de Extremadura, José Sánchez Navarro, y el siguiente de los regionalistas de Extremeños, Alberto Cañedo.

Este último es el que entusiásticamente expuso durante cerca de dos horas a un alto cargo del Sexpe un proyecto para hacer un campin ecológico en Carcaboso, con viviendas de paja, que sería pionero en España y albergaría a los cerca de 6.000 peregrinos que cada año pasan por allí recorriendo la Vía de la Plata-Camino de Santiago.

“Al final de la explicación me preguntó ‘pero tú te llevas mal con los concejales de mi partido, ¿no?’ Y yo le contesté ‘hombre, me lo podías haber dicho al principio y me ahorro las dos horas’ ”.

La Justicia

Así lo cuenta Cañedo a la vista de la casa del cura y del Ayuntamiento, calle por medio, tomando un refresco en el bar tan concienzudamente inspeccionado, y en presencia de Lorena Rodríguez, la alcaldesa de Extremeños que tuvo que coger las riendas del pueblo hace año y medio cuando su compañero hubo de abandonar el cargo por inhabilitación judicial, motivada en que no contestó a media docena de las 700 preguntas hechas por la oposición socialista, que se mantiene en ella desde que en 2005 Cañedo encabezó una moción de censura.

“Ya no creemos en la Justicia”, afirma con cara decepcionada la nueva alcaldesa regionalista, a la que la oposición combinada de PSOE más PP impuso un sueldo de poco más de 600 euros en dedicación exclusiva, y al que ella renunció para poder tener un trabajo donde pudiera ganar algo más.

Alberto Cañedo, que se ha convertido en un pequeño héroe en movimientos ecologistas y de izquierda por haberse enfrentado al bipartidismo, y ensayar en su pueblo modestas iniciativas de desarrollo local y agroecológico, colecciona varias condenas, una de ellas de tipo penal que puede dar con sus huesos en la cárcel si no paga los 36.000 euros de indemnización a unos particulares, que tiene penalización de cárcel durante 18 meses si no la abonara.

Ha pedido la suspensión de condena “pero no me arrepiento de lo hecho”, mientras trata de reunir un dinero que no tiene. Dentro de la maraña judicial que le ha apeado del cargo y manchado su nombre, ha conseguido que para uno de los recursos presentados al Tribunal Constitucional, la comisión nacional de justicia gratuita le concediera ese derecho de abogado sin gastos, mientras que para otros recursos la comisión provincial de Cáceres, manejando la misma situación económica personal de Cañedo, se lo ha denegado: “¿Esto cómo se come, en Madrid me lo dan y aquí no?”.

El solar de la extraña urbanización

La condena principal viene por seis viviendas construidas en un solar propiedad de familiares de concejales socialistas, en el que apareció desde Madrid un promotor dispuesto a hacer las casas y que en aquella fiebre de la construcción pagó 240 euros (40.000 pesetas) por el metro cuadrado, “más caro que en Plasencia”, recuerda ahora Alberto Cañedo.

El promotor tuvo problemas y el Ayuntamiento se dejó expirar el aval que puso, un error que le ha costado caro al joven ex alcalde regionalista. “Sí, lo dejamos vencer, porque ni el secretario municipal ni yo pensamos que el aval iba a caducar tan pronto, en un año, ya que normalmente el banco lo concede por el plazo total de obra y urbanización”.

Como el promotor no devolvía el crédito bancario que le había dado una caja extremeña, y ésta iba a quedarse con las seis viviendas, Cañedo se encontró en una encrucijada. O daba la licencia de primera ocupación, a sabiendas de que el solar no estaba correctamente urbanizado con todos sus servicios, o los compradores se quedaban sin las casas.

“Yo estaba pillado por los dos lados”, afirma, “porque había dos decisiones judiciales contradictorias, una que decía que el solar estaba totalmente urbanizado, y otra que no”, y había por tanto tantas razones para dar la licencia, como para que no. La dio y los propietarios le llevaron al Juzgado porque las casas carecían de los servicios necesarios, entre ellos la electricidad; Cañedo fue condenado.

Entre indemnizaciones, costas judiciales y peritos, debería pagar 60.000 euros, “que no tengo”, y parte de esa cantidad se le pide ahora en forma solidaria a la actual alcaldesa, que tras las experiencias de los dos últimos alcaldes no las tiene todas consigo frente a la Justicia, y a poderosos adversarios políticos. “El informe del secretario municipal dice que no puedo pagar esos dieciocho mil euros, que los debe peronalmente Cañedo, que si yo lo hiciera sería malversación de fondos, y por el contrario un informe jurídico de la Diputación Provincial de Cáceres dice que sí, que pague ¿Qué hago?, de nuevo sin salida como Alberto?”.

Este último tiene solicitado el indulto, y entre otros desacuerdos suyos está el haber sido condenado en razón de un sueldo “que nunca cobré”. Cañedo es empleado en excedencia de la Confederación Hidrográfica del Tajo.

Economía verde y circular

Los regidores municipales de los últimos años han tratado de insuflar ánimos de emprendimiento en una localidad con una tasa alta de paro, del 30%, muchos de cuyos vecinos emigraron para trabajar en la construcción durante la fiebre constructora, y desde que volvieron no han encontrado empleo.

Carcaboso lo intenta sin embargo con unas ayudas públicas que para los años próximos rondan los 800.000 euros y se centran entre otras cosas en proteger bajo un registro sanitario municipal a pequeños productores de alimentos tradicionales: conservas vegetales, ahumados y escabeches de tenca y barbo.

Por la calle-carretera siguen pasando camiones y coches en el trayecto desde Plasencia a las Hurdes y Gata, mientras PSOE y PP votan con frecuencia juntos contra el gobierno local de Extremeños, en una coincidencia extraña que recuerda que en 1991 el actual portavoz socialista fue como independiente en las listas del PP.

Inmovilizado en el centro de una telaraña política (las ‘familias’ de los grandes partidos) y judicial (con condenas acompasadas en Plasencia y Cáceres), el joven ex alcalde Alberto Cañedo sigue rebelándose: “Me han perseguido judicialmente, y como político lo soporto, pero ¿y en lo personal? ¿Dónde quedan mi buen nombre, mi hijo va a crecer creyendo que su padre es un delincuente? ¿Y mi mujer, que ya me ha dicho que nos tenemos que ir de aquí? ”.