Las condiciones de Vox para aprobar los presupuestos en Extremadura: volver al Gobierno y deportación de migrantes

PP y Vox han comenzado a tirarse a dar en Extremadura después del fracaso de las negociaciones para aprobar los presupuestos de 2025, lo que obligará a María Guardiola a mirar hacia la izquierda. El PP ha destapado las condiciones exigidas por quienes fueron sus socios de gobierno hasta el pasado verano, que pasan por volver a sentarse en el consejo de gobierno de la Junta de Extremadura, presencia en la Mesa de la Asamblea y, por lo tanto, más cargos de confianza, llevar a cabo consultas populares sobre la migración y usar fondos regionales para la deportación de las personas migrantes.

El consejero de Presidencia y secretario general del PP, Abel Bautista, ha explicado que, en concreto, Vox puso como condición para dar luz verde a los presupuestos, más allá de las enmiendas parciales que presentaran en la tramitación parlamentaria, volver a obtener una consejería. El pacto de gobierno que los dos partidos firmaron en el verano de 2023 para investir a Guardiola incluyó una consejería de nueva creación, la de Gestión Forestal y Mundo Rural, cuyo responsable, de Vox, decidió quedarse en el Ejecutivo cuando Santiago Abascal ordenó poner fin a todos los gobiernos de coalición con el PP.

Este extremo, el de volver al Gobierno extremeño bajo las órdenes de Guardiola, es “falso”, según el presidente del grupo parlamentario de extrema derecha, Ángel Pelayo Gordillo, que ha dicho que Guardiola quiere “ocultar el fracaso de la negociación con medias verdades y mentiras”.

Sin embargo, Pelayo Gordillo sí ha admitido que Vox ha pedido entrar en la Mesa de la Asamblea, de la que se quedaron fuera al inicio de la legislatura por el primero de los desencuentros con el PP y que dio la presidencia del Parlamento al PSOE. Tras ello, Guardiola pronunció sus célebres palabras: “No puedo dejar entrar en gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes y a quienes despliegan una lona y tiran a la papelera una bandera LGTBI”, aunque finalmente sí entraron.

Cuando Vox hizo saltar por los aires el pacto con el PP, decayó la propuesta para dar cabida en la Mesa de la Asamblea a uno de los diputados ultra, medida recogida en el pacto, pero ahora la exigencia que han presentado en la negociación de las cuentas es obtener dos puestos en la Mesa, lo que conllevaría además más cargos de confianza, según el consejero de Presidencia.

Vox aduce que es una “tradición” que todos los grupos estén representados, por lo que la situación actual es una “anomalía”. A pesar de esta condición, Pelayo Gordillo ha dicho este jueves a los medios que la cuestión de “los sillones no es prioritaria” para ellos.

Pero la condición más polémica planteada por la extrema derecha para aprobar las cuentas de Guardiola es la celebración de consultas populares sobre la “inmigración ilegal” en los municipios extremeños que acogen a estas personas, además de incluir la “deportación de inmigrantes a sus países de origen y, si no, billetes para Bruselas”, ha asegurado el consejero de Presidencia

A juicio del presidente del grupo parlamentario de Vox, el PP ha planteado “como una extravagancia que se pregunte a los extremeños su opinión acerca de la inmigración ilegal y la acogida de inmigrantes ilegales” cuando el artículo 50 del Estatuto de Autonomía recoge el régimen y la convocatoria de consultas populares no vinculantes diferentes al referéndum, por lo que no piden “nada del otro mundo”. Sin embargo, el PP considera que la intención es “enfrenar a los extremeños porque aquí no problema de convivencia”.