La visión que tengo desde mi azotea, en una zona de España que goza y sufre unas condiciones de “tranquilidad” muy distintas de las vorágines capitalinas, no suele coincidir con las que veo reflejadas en las opiniones de los analistas políticos que florecen en estos tiempos como las malas hierbas... Hoy también discreparé, me parece.
Desde hace cuatro años se ha instalado en España una concepción malsana de la política, que ha sido vendida al mejor postor y retorcida hasta entrar en conflicto permanente con lo que debiera ser la permanente base de su legitimidad, que no es otra cosa que la legalidad y la preeminencia del derecho sobre cualquier actividad administrativa pública.
Eso fue lo que hizo agua con el 135 y ahí empezó la debacle que hoy amenaza con asolar el Estado de Derecho en España. Me explico.
En estos momentos hay un gobierno regional actuando en flagrante desacato al Tribunal Constitucional y a la propia Constitución, en cualquier interpretación racional que se haga de la misma. Y ese desacato se ha consolidado, de momento, por la reiterada falta de decisión política de un presidente del Gobierno cuyas prioridades no son las del conjunto de la nación. Así de claro.
Incluso algunas decisiones de su gobierno (CAM, financiaciones desiguales y arbitrarias, inversiones, etc.) harían pensar que no está solo en esas flagrantes desigualdades respecto al trato que reciben otras CCAA españolas.
Un Parlamento regional y un gobierno autonómico en pleno desacato “consentido”. Esa es la grave situación institucional en la que estamos.
Ahora, el mismo presidente desidioso, en funciones, incurre también en desacato hacia el Jefe del Estado en este caso (y hacia las leyes no escritas de los procedimientos formales establecidos en nuestra práctica democrática) y primero declina el ofrecimiento para intentar formar gobierno, efectuado con pleno respeto a esos mismos procedimientos según consta por escrito oficial de la Jefatura del Estado, para desmentirlo inmediatamente después con la impresentable intención de evitar que empiece a contar el tiempo para ir a nuevas elecciones. Algo inaudito, querer prolongar su estancia en funciones, forzando el muy loable propósito de Felipe VI de agilizar los trámites pues España sufre con estas interinidades.
Después de que Patxi López llevara una lista de personas para una nueva ronda de consultas y sepamos que aparece de nuevo el nombre de Rajoy, para el próximo martes 2 de febrero, ¿qué debería hacer el Rey?
Cualquier cosa menos ponerse de hinojos pidiendo que asuma su responsabilidad alguien que ya ha demostrado que es incapaz. Esta es la grave situación institucional que atravesamos, aunque muchos piensen que es un problema de personajes más o menos ocurrentes.
El Estado es algo serio y es la protección para los débiles, y de esa importancia no pueden ser sus servidores los que se olviden y traten de convertirlo en algo puesto a su propio y personal servicio.
Mucho pulso va a hacer falta para reconducir a España de nuevo a la senda del derecho.