El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha autorizado este martes la contratación del servicio de 210 estancias residenciales para personas en situación de dependencia y baja intensidad de cuidados, en centros privados de la región, por 9,2 millones.
Según la reseña del consejo, en Extremadura existe un porcentaje considerable de personas en situación de dependencia que no cuentan con oferta de centros suficientes para atender tanto el envejecimiento como la enfermedad crónica que precisa de atención 24 horas.
Por ello considera determinante el Ejecutivo emprender actuaciones que contribuyan, como mínimo, a fijar los recursos de atención disponibles actualmente, razón por la que se autoriza la contratación y que se limite la puesta a disposición de plazas únicamente en aquellas zonas en las que la ratio de cobertura de camas residenciales se encuentra por debajo de la media regional.
Se trata de plazas que son finalistas, para personas que no precisan especiales cuidados médicos, pero sí tienen un alto grado de dependencia con pocos recursos económicos y, sobre todo, que no tienen red de apoyo social o familiar.
Ayudas a libros
El Consejo de Gobierno también ha aprobado un decreto mediante el que se regula la concesión de ayudas para la edición de libros y con el que se pretende apoyar las iniciativas que surjan en el ámbito de la producción editorial extremeña y enriquecer el patrimonio bibliográfico de la región.
Podrán beneficiarse las empresas de producción editorial que ejerzan una actividad profesional acorde a la naturaleza de la subvención con anterioridad a la publicación de cada convocatoria.
Cada empresa podrá solicitar ayudas para un máximo de tres proyectos, y será requisito necesario editar al menos 300 ejemplares de cada proyecto. Quedan excluidos de las ayudas tanto los libros que hayan sido premiados por instituciones o entidades públicas o privadas como los libros de texto para enseñanza, las obras en fascículos o separatas, los anuarios y los catálogos de arte.
La cantidad máxima de la ayuda no podrá superar los 4.000 euros por proyecto ni el 55 por ciento del importe del presupuesto de aquél.
Nuevos títulos de máster
En el ámbito de la Consejería de Educación y Empleo, el Ejecutivo regional ha aprobado dos decretos por los que se acuerda la implantación de enseñanzas universitarias dirigentes a la obtención de títulos universitarios oficiales de máster y doctorado en la Universidad de Extremadura.
Se autoriza la implantación de los títulos de máster universitario en Creación de Empresas e Innovación; Enseñanza de Portugués-Lengua Extranjera para Hispanohablantes; Psicopedagogía; Simulación de Ciencias e Ingeniería; e Investigación en la Enseñanza y el Aprendizaje de las Ciencias Experimentales, Sociales y Matemáticas.
Por otra parte, se autoriza la implantación del Programa de Doctorado en Ciencia y Tecnología de los Sistemas Agroforestales de la Universidad de Extremadura.
En el apartado de la Consejería de Economía e Infraestructuras, el Consejo de Gobierno ha autorizado la firma de un convenio de colaboración con la entidad pública empresarial Red.Es para el suministro y puesta en marcha de la Red Extremeña de Prototipado y Fabricación Digital.
Esta red se encargará de llevar a cabo procesos de diseño y prototipado que contribuyan al fortalecimiento del tejido empresarial extremeño, favoreciendo la creación de nuevos modelos de negocio asociados a las tecnologías de la información y la comunicación, además de la investigación y la innovación en el sector.
En materia de Sanidad y Política Social, se ha autorizado la firma de convenios de colaboración con los ayuntamientos La Lapa, Zafra, Rosalejo, Talayuela y Tiétar para la prestación de información, valoración y orientación relacionados con los servicios sociales de atención social básica, con una dotación global de 218.720 euros. La Junta recuerda que el objeto de la Ley de Servicios Sociales de Extremadura es garantizar el acceso de la ciudadanía al sistema público de servicios sociales en los términos y con los requisitos regulados en la propia ley, con el fin de promover el bienestar social y contribuir al pleno desarrollo de las personas y la justicia social.