La Consejería de Educación ha decidido dar marcha atrás y no aplicar los cuatro nuevos criterios, entre ellos el de bilingüismo, en el decreto de proceso de admisión de alumnos para el curso 2017-2018 después del informe desfavorable de la Comisión Jurídica, que sustituye al anterior Consejo Consultivo.
El secretario general de Educación, Rafael Rodríguez de la Cruz, ha explicado que la Junta de Extremadura ha adoptado esta decisión después de que este informe, que no tiene carácter vinculante, considere que la introducción de criterios complementarios a la normativa básica no se ajusta a la legalidad vigente.
Además del bilingüismo, que daba prioridad a los alumnos procedentes de secciones bilingües para la elección de centro, la Junta había incluido otros criterios a tener en cuenta como ser deportista de alto nivel, enfermedad crónica del solicitante que afecte al sistema digestivo, endocrino o metabólico, y que se puntúe en los centros concertados la condición de hermano solo cuando estos estén en la concertada.
Ha precisado que el dictamen de la Comisión Jurídica no cuestiona ninguno de los criterios en particular sino que la administración educativa pueda incluir los que no estén en la normativa básica. De los cuatro nuevos criterios que se habían incluido el que ha generado más polémica ha sido el referido al bilingüismo, que ha movilizadlo a asociaciones de madres y padres de alumnos de la región por entender que discriminaba a una gran mayoría de niños y niñas.
Se abre un proceso de diálogo
Rafael Rodríguez de la Cruz, que no ha puesto fecha para la aplicación de estas modificaciones, ha explicado que ahora se abre un proceso de diálogo, con el objetivo de que haya tanto “un consenso jurídico como social”.
El secretario general de Educación ha señalado que el objetivo de estas modificaciones era “mejorar” algunos de los criterios del actual, que data de 2012, y favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral, los niveles de renta, diferenciar los grados de discapacidad y reconocer el bilingüismo como uno de los ejes del modelo educativo extremeño.
Ha añadido que el proyecto de decreto contó el dictamen favorable por parte del pleno del Consejo Escolar y de la Abogacía General de la Junta, pero recientemente un dictamen de la Comisión Jurídica considera que este decreto no se ajusta a la legalidad.
Ante esta situación de “divergencia” entre los dos informes, la Consejería ha decidido mantener el actual y aplazar las mejoras porque lo que no se quiere bajo ningún concepto es que un decreto que mejore el anterior “sea percibido por parte de algunos padres como un decreto que perjudica a los alumnos y las propias familias”.
Para el secretario general de Educación, esta decisión se toma porque “no sería prudente continuar adelante con un decreto que tiene un dictamen jurídico desfavorable” y además, como ha habido algún rechazo por parte de algunos padres, “creemos que hay que darle una nueva vuelta a ver si conseguimos el consenso”.
Ha reiterado que la Consejería quiere que los ciudadanos entiendan que este nuevo decreto no pretendía perjudicar a ningún colectivo en concreto “sino mejorarlo”.