Nuevo posible conflicto de intereses en la Junta de Extremadura. La empresa Atakama Creatividad Cultural, de la que fue socio y administrador único el secretario general de Cultura en el Gobierno de María Guardiola, Francisco Palomino, es una de las tres candidatas para gestionar el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, que ha salido a concurso por 15,5 millones (dos años prorrogables otros dos).
Palomino se convirtió en el número dos de la Consejería de Cultura en agosto de 2023, por lo que tuvo que cesar en la empresa, y vendió todas sus participaciones a una socia. Ahora Atakama se ha unido a la productora extremeña Gestión y Organización Global, la firma malagueña Festivals Amo, dedicada a la producción, diseño y estudios de mercado de festivales de artes escénicas y a la madrileña Infraestructura y Desarrollo de Espectáculos y Acontecimientos para crear una Unión Temporal de Empresas (UTE) y presentarse al concurso abierto por el consorcio del festival, del que forman parte la Junta de Extremadura, las diputaciones de Badajoz y Cáceres, el Ayuntamiento de Mérida y el Ministerio de Cultura.
Para hacerse con la organización hay otras dos candidatas: otra UTE integrada por la empresa Marquite, perteneciente al grupo Marquina, que gestiona en Madrid el Teatro Marquina y el Príncipe Gran Vía; la agencia de comunicación, organización y producción de eventos Eventisimo; y la productora audiovisual y teatral Okapi, todas ellas con sede en Madrid.
La otra aspirante a hacerse con la gestión del festival es la productora Pentación, del empresario Jesús Cimarro, que lleva desde 2012 al frente del certamen que cada verano se celebra en el Teatro Romano de Mérida.
Abstención en la adjudicación
No sería la primera vez que Palomino se puede ver envuelto en un conflicto de intereses por su procedencia del sector privado. El pasado abril se conoció que había tenido que inhibirse en la adjudicación de tres convocatorias de ayudas de la Consejería de Cultura.
Esta situación volverá a producirse ahora porque, según explican desde la Junta de Extremadura a elDiario.es Extremadura, Francisco Palomino se abstendrá de participar en el Consejo Rector del Patronato del Festival de Mérida donde se adjudique la propuesta ganadora que traslade la mesa de contratación, “de la que no forma parte”, al estar compuesta por personal técnico y funcionario.
Pero el Ejecutivo también ha puntualizado que las empresas “no pueden tener un lastre a la hora de poder presentarse a licitaciones públicas como esta, siempre que se cuide, como es el caso, que no haya ningún conflicto de intereses y que, para mayor garantía de imparcialidad, se produzca una abstención para no influir en la adopción de decisiones, tal y como marca la ley”. “La Junta velará siempre por el cumplimiento de la normativa y el respeto tanto a la ecuanimidad -que debe imperar en los procesos de licitación- como a la libertad y el derecho de las empresas a la hora de presentarse a los concursos públicos”, finaliza el correo electrónico enviado como respuesta a las preguntas de este periódico.
Menos transparencia
Hay que tener en cuenta que PP y Vox pactaron menos transparencia en Extremadura cuando aún eran socios de Gobierno. Ambas formaciones arrebataron a la Asamblea de Extremadura la posibilidad de controlar posibles conflictos intereses de los altos cargos al eliminar la obligatoriedad de comparecer de forma previa a sus nombramientos, que antes tenían que pasar por las comisiones para informar a los diputados de todos los grupos políticos de forma previa a su nombramiento.
El PSOE se ha referido a esta situación y ha denunciado que la presidenta de la Junta, María Guardiola, “normalice” el conflicto de intereses al “encargar la gestión del interés público a personas con intereses particulares”. En concreto el portavoz socialista, José María Vergeles, se ha referido a que forme parte del Gobierno regional “un consejero que ha pertenecido a una empresa como Telefónica -en alusión a Guillermo Santamaría- o que el secretario general de la Consejería de Cultura, José Luis Gil Soto, presente como escritor los actos del Día del Libro”.
“Y lo que es más grave, que una consejera que tiene un pozo ilegal en Almendralejo sea la encargada de gestionar el proyecto de Regadío de Tierra de Barros, uno de los proyectos más importantes para la región”, ha añadido en referencia a la titular de Agricultura, Mercedes Morán.
Por ello, a juicio del PSOE de Extremadura, la presidenta de la Junta es especialista en nombrar cargos que son “jueces y parte” en los proyectos que gestionan.