Los exdiputados Juan Bernardo Fuentes Curbelo, del PSOE, y Alberto Casero, del PP, seguirán cobrando varios meses, hasta el verano, la indemnización por cese a razón de 3.126,89 brutos mensuales prevista para los parlamentarios que dejen sus escaños y que se calcula en función de sus años de mandato.
Ambos parlamentarios están acusados de irregularidades de distinta índole, pero la regulación de este tipo de ayudas, una especie de “paro” para diputados y senadores, no establece más límite para su concesión que una permanencia mínima de dos años y que el perceptor no cobre otro tipo de sueldo, salario o pensión.
Alberto Casero dejó su escaño después de que el Tribunal Supremo acordara procesarle por los delitos de prevaricación y malversación respecto a supuestos contratos irregulares firmados en 2017 y 2018 cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres).
En cuanto al socialista Juan Bernando Fuentes Curbelo, conocido por el apodo de “Tito Berni”, su renuncia se produjo después de ser expedientado por el PSOE a raíz de la investigación en Canarias de la trama corrupta del caso Mediador, en el que está presuntamente implicado, y conocerse su participación en fiestas con prostitutas con otros implicados en la red.
Al exdiputado del grupo popular todavía le restan por cobrar tres mensualidades de las cuatro que se le reconocieron tras su renuncia al escaño, formalizada el pasado 6 de marzo, en tanto que a Fuentes Curbelo, que dejó el acta el 14 de febrero, le faltan por percibir dos mensualidades.
El Reglamento de pensiones parlamentarias a favor de los exparlamentarios establece que los diputados y senadores tienen derecho a percibir una indemnización mensual por la cuantía de la llamada asignación constitucional -equivalente a un “salario base” de los parlamentarios- a razón de una mensualidad por cada año de mandato y con un límite máximo de 24 mensualidades.
Esta asignación está establecida en el Congreso en 3.126,89 euros brutos, que son los que ambos exdiputados comenzaron a percibir desde el mes de marzo, una vez emitida la resolución que les reconoció el derecho a disfrutarla durante cuatro meses, según consta en la actualización mensual de la lista de sus perceptores.
En el caso del Senado, donde la asignación alcanza los 3.173,83 euros, hay una única perceptora de la indemnización por cese, a la que faltan por percibir tres mensualidades de la cuatro reconocidas.
Se trata de la exsenadora del PSOE Patricia Abascal, que en febrero dejó su escaño por la circunscripción de Ibiza-Formentera en virtud de un acuerdo entre los socialistas de Ibiza y Formentera para garantizar la representación de ambas islas en la Cámara Alta. Fue relevada por el vicepresidente tercero del Consell Insular de Formentera, Rafael Ramírez.
El régimen de estas ayudas, que periódicamente son objeto de críticas por considerarlas “privilegios” de los miembros de las cámaras legislativas, tiene su origen en la relación no contractual de los diputados y senadores respecto a las Cortes Generales, ya que su permanencia en el escaño, salvo renuncia, únicamente depende de lo que decidan los ciudadanos en las elecciones.