Extremadura aprueba la ley del PSOE para salvar de la piqueta el resort de lujo de Valdecañas

La Asamblea de Extremadura ha aprobado este jueves, con el voto en contra de la oposición, la propuesta de ley del PSOE que declara 55 espacios de forma expresa como Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA) y que pretende legalizar el complejo urbanístico Marina Isla de Valdecañas y con ello evitar un derribo ordenado por el Tribunal Supremo. No obstante, la medida está paralizada tras la admisión a trámite de tres recursos en el Tribunal Constitucional.

Tras el debate de las 28 enmiendas parciales presentadas por la oposición, 13 del Partido Popular, otras tantas de Ciudadanos y dos de Unidas por Extremadura (UPE), el texto solo ha salido adelante con el voto de la mayoría socialista. El PSOE ya rechazó en enero las tres enmiendas a la totalidad presentadas por los tres partidos de la oposición.

La portavoz de Unidas, Irene de Miguel, ha señalado que le da “vergüenza” que el día que asisten a la sesión plenaria los alumnos de la Facultad de Derecho se apruebe una ley que vulnera directivas europeas, la Constitución Españolas y sentencias firmes del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y del Supremo.

De Miguel ha recordado que todos los juristas que ha comparecido en la Asamblea han coincidido en la ilegalidad del texto con calificativos como “barbaridad, dislate o desvarío jurídico”. A su juicio, “es una pena” que el PSOE no trajera a ningún jurista para rebatirlo y no contar con un informe de la Asamblea que aclare la inconstitucionalidad del texto. Aunque no querían presentar enmiendas, al final se han visto obligadas a presentar dos para deja patente las vulneraciones y que solo persigue beneficiar al complejo de Valdecañas, ha apuntado.

La portavoz de UPE ha criticado que la propuesta asuma la “tesis anticientífica” de que la urbanización no ha causado daños medioambientales, al contrario de lo que afirma el informe del CSIC. Además, ha asegurado que genera inseguridad jurídica sobre las infracciones producidas en las 55 zonas y un tratamiento contrario al principio de igualdad para las que no son legalizadas. “Esta ley no puede ver la luz por la buena imagen de nuestras instituciones y por respeto también a las sentencias judiciales”, ha concluido.

Una ley sin informes

Cs y el PP han coincidido en los argumentos expuestos por De Miguel, salvo en que estas dos formaciones están a favor de que no se derribe Valdecañas. El portavoz del Grupo Ciudadanos, Fernando Baselga, ha considerado que esta norma debería haber sido presentada por la Junta de Extremadura y no por el PSOE para llegar acompañada de los mismos informes que el decreto que han debatido en el punto anterior, y ha criticado que este “bodrio” cuente con siete artículos y casi ocho páginas de introducción que parecen un “mitin político”. “Vais a aprender cómo se vulnera en un órgano legislativo todos los principios generales del derecho habido y por haber”, ha planteado Baselga a los estudiantes.

A su juicio, hay una voluntad clara de evitar el derribo de Valdecañas, lo que su grupo comparte, pero ha subrayado que un estado de derecho hay que respetar las normas y “no cambiar las leyes a nuestro antojo” como si fuera una “república bananera”. Baselga ha señalado que la norma es institucional y que el PSOE están “buscando atajos” con esta “chapuza jurídica”. Las 13 enmiendas presentadas por Cs prácticamente deshacen la ley, según ha dicho, ya que cuatro son de sustitución y nueve de supresión.

Baselga también ha preguntado quién va a pagar la devolución de las sanciones impuestas en esas 55 espacios que se reclamen y se ha mostrado en desacuerdo con el informe del CSIC sobre el complejo de Valdecañas.

El diputado popular Bibiano Serrano también se ha dirigido a los estudiantes: “Hoy van a aprender bastante de lo que no se puede hacer en un parlamento”. Serrano ha denunciado que se haya tramitado el texto de urgencia y de forma extraordinaria, “a escondidas”, valiéndose de la mayoría absoluta del PSOE, y la actitud “cobarde” del Gobierno regional por no presentarlo como proyecto de ley.

“Flaco favor le hace ustedes a la democracia”, ha dicho a la bancada socialista, y ha señalado que ellos también se plantearon no presentar enmiendas, ya que es “imposible arreglarlo”. El diputado del PP ha dicho que es una chapuza jurídica y ha advertido de que quieren regular 55 espacios ZEPA, pero legalizar todas las sanciones.

Serrano ha preguntado al PSOE dónde están los informes para presentar esta ley y qué ocurre con las otras ZEPA no incluidas. Lo mejor que podrían hacer el PSOE, ha concluido, es anunciar que retira la propuesta, “antes de que sea demasiado tarde”.

El diputado socialista Carlos Labrador se ha mostrado “orgulloso” por intentar buscar soluciones a los problemas con una propuesta “valiente y responsable” que busca dar seguridad jurídica a esos espacios.

Labrador ha criticado los “insultos” de la oposición, que les ha llamado “chapuceros” o “hipócritas”, y las “amenazas”, y ha asegurado que están “tranquilos” frente al modelo de la oposición de “obstaculizar todo”.

Sobre la posible inconstitucionalidad del texto, ha señalado que habrá que esperar a si hay algún recurso, y ha considerado que los juristas comparecientes eran “amigos” de la oposición.