La comunidad de Extremadura estima que por su población recibirá al menos a 350 refugiados y ya tiene todo preparado. Así la Junta ha declarado a la comunidad territorio preferente de acogida de refugiados y dispone de la logística necesaria de la mano de 15 albergues y otros espacios públicos listos para funcionar de inmediato.
Estos recursos ya están incorporados al dispositivo que prepara el Gobierno de España para ponerlos en funcionamiento.
El proceso depende del Ejecutivo central, encargado de autorizar definitivamente la llegada de estas personas, mientras que la comunidad se encarga de todos los servicios y la cobertura de las personas que lleguen. Y es precisamente esta logística la que ya ha resuelto el gobierno de Vara, según ha aclarado a este diario el responsabe de la Agencia Extremeña de Cooperación al Desarrollo, José Ángel Calle.
Fue en el pleno de la Asamblea de este jueves donde el consejero José María Vergeles detalló que las instalaciones que acogerán a estas personas son albergues municipales, o propiedad de la Junta, en localidades como Valencia de Alcántara, Zafra o Badajoz. También residencias universitarias, como las de la Universidad de Extremadura en Jarandilla de la Vera, o las instalaciones del albergue de refugiados que regentó años CEAR en Mérida, cerradas desde hace años.
Los hogares no podrán acoger refugiados en una primera fase
Una vez que las personas refugiadas que huyen de los conflictos aterricen en España el proceso de asilo lleva aparejado dos fases. La primera de ella es la de acogida, de hasta de seis meses, seguido de una fase de integración, que tiene una duración de hasta veinticuatro meses.
La Junta aclara que inicialmente los hogares no podrán acoger familias. El motivo que argumenta es que en la primera fase llegarán familias muy numerosas, e integrarlas en domicilios privados llevaría implícito su disgregación.
Cesión de viviendas vacías
En una segunda fase, tras el proceso de acoplamiento a la nueva realidad, las administraciones regionales ya contemplan la cesión de viviendas particulares para que las personas que lo deseen rehagan su vida, según ha adelantado a este diario Juan Zúñiga, representante de Refugiados Extremadura, uno de los colectivos integrado en el trabajo directo con la Junta.
En este punto del proceso la asociación aboga por hacer uso del ingente parque de viviendas vacías, propiedad del banco malo y de otras entidades bancarias como viviendas de acogida. Para el colectivo no puede haber un mejor destino para estos bienes que una cesión, o un alquiler, con la intermediación de la administración.
Defiende igualmente que aunque los protocolos de asilo y refugio no recomienden recibir a estas familias en domicilios privados, piensan que no cabe la duda de que ésta es una opción infinitamente mejor que dejar a los refugiados agrupados a su suerte en campos de concentración.
Trabajo contra el racismo y la xenofobia
El pleno del debate del Parlamento regional también sirvió para que el Consejero de Políticas Sociales aclarase a la oposición que Extremadura experimentará su primer proceso de acogida de estas características. “Tenemos que desarrollar la experiencia, con una vocación de permanencia, seguir ofertando y hacer frente a la crisis humanitaria en mejor tiempo que en esta ocasión”, destacó.
Uno de los puntos fuertes será el trabajo de sensibilización, con la puesta en marcha de mecanismos encaminados a evitar actitud racista y xenófoba por parte de algún sector de la población. Además, la atención psicológica, jurídica y de intermediación cultural está cubierta por los dispositivos y los recursos que han puesto a disposición del programa las asociaciones, la ONG que tienen esquipo especializado para ello.