A pesar de que la experiencia ha demostrado que es una medida fallida y que no resuelve la crisis de natalidad, la Junta de Extremadura han decidido poner en marcha un cheque-bebé de 500 euros por cada hijo nacido de manera biológica, adoptado o que mantengan una guarda con fines de adopción durante 2024 en localidades de hasta 3.000 habitantes, el 80% de los que hay en la comunidad.
Esta ayuda, aprobada este martes en el consejo de gobierno, es un guiño que el PP hace a Vox, que logró el pasado enero, cuando aún eran socios en Extremadura, introducir esta enmienda para la natalidad en las zonas rurales. De esta forma, la Junta destinará 500.000 euros a esta medida que subvencionará el nacimiento, la adopción, la guarda con fines de adopción o situación equivalente en caso de adopción internacional entre septiembre del año pasado hasta el 31 de agosto de este año.
La portavoz del Gobierno extremeño, Victoria Bazaga, ha dicho que con estos 500 euros se quiere apoyar a los extremeños que deseen emprender un proyecto de vida en los pueblos, y en algunos de ellos se han puesto en marcha ayudas similares que son compatibles con los de otras administraciones. El más reciente ha sido Hornachos (3.400 habitantes, Badajoz), que ha aprobado subvencionar cada nacimiento o adopción con 1.000 euros para gastar en empresas locales. Pero también la ciudad de Cáceres aprobó una ayuda de 500 euros para este año por una exigencia de Vox al Ejecutivo del PP, que gobierna en minoría.
No es la primera vez que Extremadura pone en marcha un cheque-bebé que ni consiguió fomentar la natalidad ni asentar población en el mundo rural. El primer Gobierno del socialista Guillermo Fernández Vara (2007-2011) puso en marcha ayudas de 300 euros mensuales para los segundos hijos y sucesivos el primer año de vida, una cuantía que se iba rediciendo hasta los tres años. Después, José Antonio Monago (PP) aprobó en 2014 subvenciones entre 500 y 1.400 euros -con mayor generosidad para las familias de poblaciones pequeñas, en que estuvieron en marcha tres años, hasta que las eliminó Fernández Vara en 2017. En esos tres años, el desembolso de la Junta de Extremadura fue de 9,4 millones de euros.