El fiscal superior de Extremadura, Francisco Javier Montero Juanes, ha afirmado que espera que “acabe archivándose por falta de responsabilidad” la causa abierta en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos en relación con la difusión de datos relativos al procedimiento por presunto fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Montero Juanes ha recordado que intervino como representante del Ministerio Fiscal en el primer estadio del procedimiento ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pero después este “se inhibió” por aforamiento del investigado ante el Tribunal Supremo y ya no interviene aunque mantiene la “misma postura” que entonces.
“Las filtraciones no pueden achacarse a los fiscales o por lo menos no se ha demostrado aún y aquella nota de prensa que yo defendí como representante del Ministerio Fiscal, no como abogado defensor de ninguna parte, sino como representante del Ministerio Fiscal, era perfectamente legal”, ha recalcado.
Según ha explicado, el Tribunal Supremo “acabó diciendo que no vulneraba ninguna infracción penal y actualmente decidió perseguir por el tema de las filtraciones”, un procedimiento del que estará al tanto y en el que “se han adoptado una serie de medidas probatorias cautelares, de intervención de teléfonos, correos electrónicos, etc” y “no hay resultado de las pruebas”. “Y espero que sean concluyentes y que el asunto pues al final acabe archivándose por falta de responsabilidad”, ha declarado el fiscal superior en declaraciones a los medios antes de presentar la Memoria de la Fiscalía correspondiente al año 2023 en la Asamblea.
Por otro lado, el fiscal superior de Extremadura ha afirmado que hay “una excesiva judicialización” de la vida política y ve “necesario y urgente” llevar a cabo una reforma de la acusación popular pues “no es razonable” que “haya procesos mediáticos actuales que tienen nada menos que 10 acusaciones populares”.
Tras precisar que la acción popular es un derecho constitucional que permite a cualquier persona constituirse en parte en un proceso, ha abogado por “restringir o delimitar muy claramente cuándo partidos políticos o asociaciones que no tienen demasiado que ver con los hechos se puedan constituir como acusaciones particulares”.
Además, ha aludido a la necesidad de que en los procedimientos haya “unos hechos punibles concretos y determinados”, y ha subrayado que “el imputado o investigado tiene que saber muy claramente cuáles son los hechos por los que se investiga”. “Esto es un déficit de nuestro ordenamiento jurídico, lo cual nos llevaría a la necesaria reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”, ha apuntado.