Dice el refrán que cuando a uno le tocan el bolsillo reacciona. El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, se ha propuesto acabar con todos los vestigios franquistas que aún siguen presentes en plazas y calles de la provincia de Badajoz, y para ello retirará las partidas públicas a los municipios que incumplan la ley.
La Ley de Memoria Histórica que recoge expresamente la necesidad de eliminar cualquier símbolo que exalte la dictadura militar o la guerra civil. El objetivo de Gallardo es que a mediados del próximo año la provincia sea un territorio “limpio de vestigios franquistas”, salvo que “algún ayuntamiento desee perder las subvenciones de la Diputación”.
La Comisión de Expertos de la Diputación Provincial de Badajoz ha identificado 70 municipios con restos inconstitucionales, que tendrán un plazo de tres meses para eliminarlos tras el periodo fijado para las alegaciones. Esto también implica a Villanueva de la Serena, donde es alcalde.
Allí existen varios vestigios que serán retirados, aunque el más llamativo ha sido el estadio de fútbol, el Romero Cuerda, donde juega el club de fútbol Villanovense. Su nombre puede desaparecer de los rótulos del campo porque fue regidor en localidad en los años 70, en plena dictadura franquista.
Un cambio de nombre
Miguel Ángel Gallardo ha dejado claro que Villanueva cumplirá la Ley de Memoria Histórica en su totalidad, y en el caso del estadio Romero Cuerda apunta que la comisión técnica aconseja eliminarlo.
Anuncia que se abrirá un periodo de reflexión en la localidad, aunque se muestra partidario de que el campo pudiera denominarse Estadio Municipal “Villanovense”, o un nombre similar relacionado con el deporte de la ciudad.
Villanueva se uniría así al caso de otras ciudades que también retirarán el nombre del campo a personas relacionadas con el franquismo, como Cádiz. Allí el regidor gaditano anunciaba la retirada del nombre del estadio Carranza por ser “un franquista y cómplice de la represión de cientos de vecinos y vecinas”.
Romero Cuerda
En el caso del alcalde Manuel Romero Cuerda, Gallardo ha explicado que fue regidor franquista en los años 70, y por lo tanto no participó en la contienda civil ni en la etapa “más dura” del régimen.
Aclara que en el catálogo de vestigios franquistas hay distintos tipos de topónimos, algunos de nombres partícipes de la represión que “aplastaron con sus decisiones a una parte de su población”, informa Efe.
Junto a otros “llamados por el régimen para tener un puesto institucional en los años 60 o 70”, nombres por tanto diferentes que la Comisión de Expertos distingue. “No es normal que haya una calle que se llame Generalísimo o Francisco Franco, pero puede haberlas de un concejal que fue médico a quien no se le puso la calle por ser edil sino por ser facultativo y por sus aspectos positivos”.
El pulso con Guadina del Caudillo
La medida de Diputación Badajoz afecta a 70 municipios, aunque el verdadero pulso se mantiene con Guadiana del Caudillo.
El alcalde del PP Antonio Pozo ha llegado a interponer una querella criminal por “coacción y amenazas” en el Juzgado de Instrucción de Badajoz. Argumenta que la medida de retirar las subvenciones a quienes no cumplan la Ley de Memoria Histórica les puede hacer perder 100.000 euros, lo que es a su parecer un “menoscabo de los intereses de todos los ciudadanos”.
La respuesta del presidente de la Diputación de Badajoz ha sido muy sencilla: los municipios, al igual que la ciudadanía, deben cumplir las leyes. Y en este caso la ley recoge explícitamente que las administraciones públicas podrán retirar subvenciones a quienes conserven símbolos franquista.
Para el presidente de la institución provincial resulta fundamental que se cumplan las leyes. “Y para cumplir las leyes, es necesario dar ejemplos como el que va a dar la Diputación”.