Asociaciones de padres de todo el país ya han denunciado que los comedores de sus hijos no pueden ser un negocio para grandes multinacionales. Bajo el convencimiento de que la calidad del producto es ‘inferior’ con estas contratas privadas, y también porque supone un agravio perjudicial hacia las empresas locales de cada ciudad.
El retorno de la gestión pública de los comedores escolares llega a la Asamblea de Extremadura de la mano de una propuesta de impulso de Podemos que insta a la Junta a devolver progresivamente los servicios de la etapa no universitaria. O en su defecto un nuevo modelo con cláusulas en la documentación administrativa de la próxima licitación que garantice una gestión local.
Critica la formación morada que se está pasando o se ha pasado del modelo de cocina 'in situ' al de línea fría, “con lo que ello pueda suponer de deterioro en cuanto a calidad de los productos consumidos y prestación realizada”.
El PSOE propone en torno a esta propuesta una enmienda de sustitución en la que aboga por que se tenga en cuenta las preferencias de la comunidad educativa. También un modelo de coexistencia de la gestión pública de manera directa con la prestación del servicio de comedor escolar por gestión indirecta.
Otra de sus apuestas, reforzar las medidas para la participación de pymes, manteniendo la prestación del servicio de comedor durante todo el curso escolar y promoviendo una política de aumento de becas de comedor y del cupo de usuarios por la modalidad de conciliación de la vida laboral y familiar.
El debate
En su argumentos Podemos justifica que en muy poco tiempo se ha puesto en manos de empresas privadas la gestión de los comedores escolares, con la consiguiente pérdida de su control público “y un importante deterioro en la calidad de su prestación”, en el volumen del empleo y en las condiciones laborales.
Es en sede parlamentaria donde propondrá que en caso de no optar por la gestión directa, se fomente las pequeñas y medianas empresas, con cláusulas que favorezcan su acceso a estos contratos públicos, en el sentido de introducir flexibilidad en procedimientos, reducir la carga administrativa y simplificación de la documentación.
Coinciden ambas formaciones en el protagonismo de las AMPAs, mientras que Podemos defiende que la reversión de la gestión de estos servicios tiene que preservar y mantener la estabilidad en el empleo y los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores.
Advierte que la prestación ha pasado en pocos años de un modelo local, donde existían comedores que eran gestionados directamente por los centros educativos a un modelo gestionado por empresas de carácter global, “que no tienen en cuenta esa relación con el entorno local más próximo ni aseguran el origen ecológico de sus productos”.
Dejando atrás según critica un sistema en el que se adquirían los alimentos a productores locales y favorecían el empleo de personas cercanas, asegurando además el consumo de productos frescos y ecológicos.
Los socialistas proponen en su enmienda la coexistencia de la gestión pública de manera directa con la gestión indirecta, “de forma que se produzca una mayor eficacia y eficiencia de los presupuestos públicos, garantizando tanto el empleo público como el empleo de calidad”.
Respetando según el PSOE los derechos sociales de aquellos que, en base a la subrogación legal prevista en la normativa contractual, presten servicios en las mercantiles encargadas del servicio educativo complementario de comedor escolar.