La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha recordado a los barones del PSOE críticos con la posibilidad de indultar a los independentistas condenados por el “procés”, que es el Ejecutivo quien tiene la prerrogativa para concederlos, y la obligación de velar por el interés general.
El presidente de la Junta de Extremadura, Fernández Vara, y el de la de Comunidades de Castilla-La Mancha, se habían pronunciado previamente contra esa medida de gracia.
Fue en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado para aprobar el acuerdo sobre la prórroga de los ERTE alcanzado con los interlocutores sociales, y en la cual ha hecho hincapié en que respecto a la crisis catalana ahora es el momento de “pasar página” y reconstruir “puentes”.
Ante la posición de algunos dirigentes socialistas, como los presidentes de Extremadura y Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, Montero ha respondido que el PSOE es “un partido plural” y “democrático”.
“Respetamos todas las posiciones que se puedan trasladar”, ha proseguido este jueves la ministra antes de recalcar que la concesión de esta medida de gracia “es una prerrogativa” del Consejo de Ministros, al cual le corresponde además “velar por el interés general y adoptar las decisiones ”que mejor preservan ese interés por la concordia, la convivencia y el fortalecimiento de nuestra democracia“.
María Jesús Montero, quien no ha puesto fecha a la resolución de los expedientes de los indultos después del informe “no vinculante”, ha recalcado, del Tribunal Supremo, y contrario a su concesión, ha insistido en que el Gobierno quiere pasar página y “reconstruir los puentes que se dinamitaron y llevan demasiado tiempo destruidos” con Cataluña.
Su intención es sentar unas “bases de convivencia” que eviten la repetición de los hechos de 2017, con la declaración unilateral de independencia que desembocó en la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo, para lo cual es preciso “suturar las heridas” abiertas en aquella etapa.
Respecto al informe negativo de Supremo, ha dicho que “la justicia ya ha hablado” y ahora “es el turno de la política”, de modo que cuando el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, haga su propuesta al Consejo de Ministros, el Gabinete tomará una decisión “fundamentada” en los principios constitucionales de la “concordia” y la “convivencia”.