No considera necesaria la construcción de un Almacén Temporal Individualizado (ATI) en la Central Nuclear de Almaraz y emitirá un informe desfavorable. La Junta de Extremadura se muestra contraria al almacén de residuos gastados proyectado en la central cacereña.
Las piscinas de Almaraz tienen capacidad suficiente para albergar el combustible gastado hasta la fecha en que las instalaciones cumplen su periodo de vida útil (años 2020 y 2022), según los datos que maneja Enresa.según los datos que maneja Enresa.
Y así lo entiende el Ejecutivo de Guillermo Fernández Vara. Fuentes de la Junta han transmitido a este diario que la central no necesita una instalación temporal para guardar contenedores de elementos de combustible radiactivo gastado, dado que las piscinas de los dos reactores tienen suficiente capacidad hasta la fecha en que se alcancen los 40 años de actividad.
Ahora ha comenzado un periodo de información pública y de consultas durante un mes dentro del procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria del proyecto, tras la solicitud presentada por la central al Ministerio de Industria. Y el dictamen de la Junta será negativo.
Al igual que ha ocurrido con el Gobierno del socialista García Page en Castilla-La Mancha, contrario al Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas, se plantea un conflicto de intereses entre el Ejecutivo de Rajoy, que saca a información un almacén a dos meses de las elecciones generales, y el Gobierno de Extremadura. No obstante, la última palabra la tiene el Gobierno central.
Por el momento, y tras salir en el Boletín Oficial del Estado el anuncio de información pública, anuncio de información pública, siguen sin conocerse los motivos por los que se lleva a cabo el proyecto. Durante meses los rumores apuntaban a que se iba a autorizar el almacén, aunque sigue sin haber explicaciones. No ha habido una comunicación a la ciudadanía ni antes, ni después de aparecer en el boletín del Estado.
¿Para qué se construye un ATI?
En mitad del silencio institucional que mantiene el Gobierno del PP son muchas las voces que plantean que el proyecto del ATI es el paso previo para prolongar su funcionamiento desde los 40 años iniciales hasta los 60.
Así lo pone de manifiesto Francisco Castejón, físico nuclear, doctor en Físicas y miembro de la Comisión de Energía de Ecologistas en Acción. En declaraciones a eldiarioex apunta que el hecho de abrir un almacén temporal cuando la central sigue a pleno funcionamiento, y sin un calendario de cierre, es una señal ‘sine die’ de que se está planificando la ampliación de su vida útil.
El almacén temporal de residuos es imprescindible en el proceso de desmantelamiento de una central, por lo que también cabría la posibilidad de preguntarse si el proyecto que han dado los propietarios está pensando ya en su cierre. Echando la mirada atrás puede verse cómo, en el caso de la central de Zorita, el ATI no comenzó a construirse hasta que las instalaciones echaron el cierre.
Así apunta Francisco Castejón que una vez desmantelado el núcleo el combustible de la central, los residuos tienen que pasar por un proceso de enfriamiento en la piscina. Se trata de un periodo prolongado, de incluso años, tras el que comienza el 'decaimiento' de la radioactividad del combustible. Y es justo en ese momento cuando los residuos se trasladan al ATI.
Esta fue la idea que trasladó el propio Francisco Castejón al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, en una audiencia a la que también asistieron varios representantes del Foro Extremeño Antinuclear.
En esta reunión, además de trasladarles sus temores de una posible ampliación de la vida de la central hasta los 60 años, el Foro Extremeño Antinuclear reclamó a Vara una postura firme contra la continuidad del modelo nuclear.
Los ecologistas abogan por un frente común de presidentes autonómicos del PSOE en contra de la energía atómica. Piden que se unan al grupo García-Page, presidente de Castilla–La Mancha, que ha mostrado abiertamente su postura contraria al ATC en Villar de Cañas; así como los presidentes de Comunidad Valenciana y Andalucía, esta última por albergar el centro de almacenamiento de residuos radiactivos de media, baja y muy baja actividad de El Cabril en Córdoba.