Extremadura frente en seco la derogación de la ley de Memoria Histórica que el PP y Vox habían pactado para sustituirla por una de Concordia. La ruptura de la coalición por parte de la extrema derecha ha dejado en papel mojado el acuerdo firmado hace un año y la polémica medida ya no es una prioridad y “no está sobre la mesa”, ha asegurado este martes la presidenta de la Junta, María Guardiola.
Por lo tanto, tampoco se va a poner en marcha “esa ley de Concordia para ampliar la memoria y el respeto a todas las víctimas”, que era una de las mayores exigencias de Vox, que ha visto cómo en otras comunidades autónomas salía adelante y en Extremadura apenas se producía avances.
Hasta ahora, la consejera de Cultura, Victoria Bazaga, con competencias en esta materia, tirando del argumentario desplegado en otras comunidades también gobernadas por el PP y Vox, ha defendido el cambio legislativo para que todas las “víctimas represaliadas políticamente” estuvieran amparadas “sin distinción, sin bandos, una ley que reconcilie, que no atente contra el espíritu de la transición democrática de nuestro país”.
De esta forma ha intentado calmar los ánimos de las asociaciones memorialistas, que han protagonizado varias movilizaciones contra la intención de la Junta porque en la actual ley, de 2019, ya ampara a todas las personas que sufrieron violencia y represión durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, sin distinguir bandos, como se recoge en la exposición de motivos y en el articulado.
Esta postura se suma al menosprecio hacia Vox por parte de Guardiola. Por ejemplo, el pasado viernes, cuando se materializó el final del gobierno de coalición, aseguró que la extrema derecha solo logró introducir “matices” en el pacto, que serán obviados ahora en la acción de gobierno, y este martes ha calificado de “incoherentes” y “populistas” a quienes hasta hace seis días eran sus socios.
Ambas formaciones se exigen renunciar a las “prebendas” recogidas en el acuerdo, como el nombramiento como senador por designación autonómica del líder de Vox, Ángel García Pelayo, a quien el PP ha pedido la entrega del acta porque fue el PP quien lo propuso. Por su parte, el partido de Santiago Abascal ha considerado que María Guardiola debe renunciar a la Presidencia porque accedió a esa responsabilidad gracias a sus votos.