Insumisos no: “Rebeldes ante la LOMCE, pero rebeldes con causa”
Extremadura hará una prueba en 6º de Primaria, aunque bien diferente a la planteada por el Gobierno de Rajoy. Será con los propios docentes de los centros, dejando a los docentes la libertad de aplicar el modelo de prueba propuesto por la Consejería, u otro que también evalúe las mismas competencias “si la dirección del centro lo estima conveniente”.
El asunto de la reválida pasó este jueves por la Asamblea de Extremadura, donde la consejera de Educación Esther Gutiérrez explicó que las medidas que adopta la región, así como otras 11 comunidades declaradas oficialmente en ‘rebeldía’ con la Ley Wert, entran dentro de la legalidad y solo desean paliar los efectos de una norma que consideran injusta.
Y en clave de rebeldía habló precisamente la diputada socialista y exconsejera de Educación Eva María Pérez para trasladar al PP, ante sus constantes ataques de “insumisión”, que rechazar esta norma es un “ejercicio de responsabilidad” con los alumnos, familias, docentes y el conjunto de la sociedad.
Quiso dejar claro que la consejería, “a lo sumo puede ser calificada como rebelde, eso sí rebelde con causa y dentro de los márgenes que marca la ley”. Porque a veces “uno se siente más cómodo del lado de los rebeldes, máxime cuando los rebeldes representan a la inmensa mayoría de la comunidad educativa y a la inmensa mayoría de comunidades autónomas”.
Quiso dejar claro que la rebeldía es compartida por comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, en alusión a Castilla y León y Galicia, “un gustazo, la verdad”, por ser una norma “mala y problemática” y por ser “partidista”.
La prueba, 13 y 14 de junio
Los días 13 y 14 de junio 10.400 alumnos y alumnas de 6º de Primaria harán la prueba con “normalidad” según detalló la consejera Esther Gutiérrez. La evaluación no tendrá efectos académicos, ni influirá en la promoción del alumnado al siguiente nivel educativo.
Incidió en que los resultados sólo serán de carácter informativo para los centros educativos y las familias de los alumnos y alumnas, por lo que, en ningún momento, se utilizarán para establecer clasificaciones entre los centros educativos.
También criticó que el diseño inicial propuesto por el Ministerio de Educación para que se hiciera con evaluadores externos planteaba un examen indirecto al profesorado extremeño: “al profesorado a través de sus alumnos”, con un sobrecoste para las arcas públicas extremeñas de 100.000 euros.
Críticas de la oposición
Frente a estas declaraciones la portavoz del PP, Pilar Pérez García, dijo que la consejera de Educación y el secretario general de Educación, Rafael Rodríguez de la Cruz, han colocado a la región “al borde de la ilegalidad”, recoge la Agencia Efe.
Además les acusa de haber “escurrido el bulto” sobre la evaluación “dejando recaer la responsabilidad sobre los hombros de los docentes”. Ha criticado que lo que se ha producido durante todo este proceso lo único que genera es “miedo” a los padres sobre una evaluación que ayudará al éxito escolar y que es garantía de equidad, “pero a lo mejor a ustedes no les interesa que le evalúen”.
El diputado de Podemos Álvaro Jaén reprochó a la consejera que la demora para fijar el tipo de prueba y su contenido ha creado incertidumbre en la comunidad educativa. Una “errática deriva” que a su juicio ha tomado a lo largo de los meses diferentes “golpes de timón” instando a los centros a que los hagan según sus criterios, para luego regularlo.
Advirtió que el texto final viene a decir que cada uno se adapte a las pruebas, y considera que el resultado final adoptado en la región no ha estado a la altura, porque ya que “tan abierto dejan el proceso” que no se saben aspectos como sobre quien recae la elaboración de los cuestionarios de estas pruebas.
Desde Ciudadanos María Victoria Domínguez trasladó que al final se hace un “sucedáneo de la reválida, descafeinándola un poco, y dejando la patata caliente a los centros educativos”, ante lo que ve un “ejercicio de equilibrio político para al final volver al acatamiento de la ley”.
Piensa que la Junta ha “instrumentalizado la reválida para crear una polémica inútil”, cuando habría que haber que cumplirla y haber esperado a un cambio de gobierno para derogarla.
