El juez pide al Supremo que decida si debe imputar a Alberto Casero por prevaricación

La investigación iniciada por un juzgado de Trujillo (Cáceres) contra el que fuera alcalde de esa localidad entre 2011 y 2019 y actual 'número 4' del PP, Alberto Casero, continúa y ya está en manos del Tribunal Supremo.

Según el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), la jueza ha reunido todas las pruebas documentales y testificales que ha considerado necesarias y ha dada por concluida la investigación abierta en esta primera instancia contra el diputado que se equivocó en la votación de la reforma laboral por un presunto delito de prevaricación continuada durante su años al frente del Ayuntamiento.

Esta primera parte de la investigación ha consistido en recabar las pruebas documentales y testificales para conocer si Casero adjudicó contratos a dedo, sin expedientes y saltándose la ley de contratos públicos después de que hasta una veintena de empresarios y autónomos reclamaran el cobro por servicios de los que no existe registro documental.

Ahora el juzgado de Trujillo ha enviado las diligencias y una exposición razonada al Tribunal Supremo debido a que Casero es diputado en el Congreso y, por lo tanto aforado. Según explican desde el TSJEx, el Alto Tribunal tendrá que tomar declaración al secretario de Organización del PP y decidir sobre su imputación por prevaricación.

Según varias fuentes municipales, Casero dejó una deuda de 7 millones de euros en un municipio de 8.821 habitantes y varias facturas sin pagar por la prestación de servicios que se desconocen ni se pueden probar, sin iniciar los procesos administrativos necesarios y con reparos de la Intervención en algunos casos.

El actual alcalde, el socialista José Antonio Redondo, remitió todas las facturas a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas en 2020 y el año pasado se inició la investigación en el juzgado de Trujillo cuando el Ayuntamiento se vio obligado a pagar los recibos, sobre todo de contratos menores que al no superar los 15.000 euros más IVA podían adjudicarse sin concurso. Entre ellos, más de 56.628 euros por la organización de una gala de premios en 2017 y 2018, alrededor de 15.000 por una asesoría en materia de turismo, 17.000 por otra asesoría para la Feria del Queso, aunque depende de una institución en la que están representadas la Junta de Extremadura y las Diputaciones de Badajoz y Cáceres.

El caso más llamativo es una factura de 18.000 euros por la contratación de un psicólogo para atender a mujeres víctimas de violencia de género, pero en el Ayuntamiento no existe ese constrato ni se tiene constancia de que se reuniera alguna vez con estas mujeres.