Izquierda Unida Mérida considera que las condiciones establecidas por la Gerencia Regional de Catastro en Extremadura para el trámite de alegaciones a la nueva ponencia catastral de la ciudad puede llegar a producir situaciones de “indefensión” que imposibiliten que los ciudadanos puedan hacer valer sus derechos ante la Administración.
Piensa que el hecho de que la consulta de los datos de la ponencia y el trámite de alegaciones deban realizarse únicamente en la sede de la gerencia, en Badajoz, y la limitación del plazo a diez días y únicamente en horario de mañana, son una “larga serie de trabas”, a su juicio, para los ciudadanos que quieran informarse de la situación catastral de su vivienda y reclamar en caso de no mostrarse de acuerdo con los valores propuestos.
Es por ello que el concejal de IU Álvaro Vázquez lamenta que las condiciones establecidas para la apertura del trámite de audiencia previa correspondiente al procedimiento de aprobación de la ponencia de valores dificulta en gran medida el ejercicio efectivo de los derechos del ciudadano que el procedimiento pretende ampara
“Los motivos legales aducidos por la gerencia para establecer estas limitaciones nos producen cierta extrañeza desde el momento en el que la legislación que regula estos extremos se encontraba en vigor en el momento en el que se tramitó la ponencia anterior”, recuerda IU, que añade que el acceso a los datos se facilitó en las dependencias del Ayuntamiento de Mérida.
A estas circunstancias suma esta formación el hecho de que los interesados verán limitado su derecho de acceso a sus propios datos, sin poder consultar la situación de los valores asignados a inmuebles similares a los suyos, lo que “reduce los márgenes del interesado para la valorar la idoneidad de la valoración que se le ha asignado a su vivienda o inmueble, al carecer de otros elementos de comparación”.
“Este hecho adquiere especial relevancia desde el momento en el que una de las principales irregularidades detectadas en la realización de la ponencia vigente en la actualidad fue precisamente la asignación de valoraciones absolutamente dispares a inmuebles que por sus características debía disfrutar de valoraciones idénticas o muy similares”, subraya IU.
Por todo ello, instan al equipo de Gobierno a que adopte las medidas oportunas para garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos.