IU Mérida ha pedido ante el Ayuntamiento de Mérida el inicio de un procedimiento sancionador contra la empresa de recogida y limpieza de basuras Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), por “no facilitar información requerida” sobre los datos de los trabajadores que tiene en plantilla en el centro de Mérida, según critica su concejal-portavoz, Álvaro Vázquez.
“Según recoge el pliego, esta empresa tiene el deber de informar por lo que si no lo hace incumple las condiciones derivando en una infracción administrativa que se debe penalizar”, indica.
El partido local pidió a finales del mes de junio a FCC los datos de altas y bajas de la seguridad social de los trabajadores que tenía en plantilla con el propósito de constatar la veracidad de la versión de los sindicatos, según la cual “la empresa tenía una plantilla muy inferior a la que le obligaba el contrato”.
Esta petición se puso en manos del Ayuntamiento de Mérida que, según recoge el artículo 32 del pliego, tiene autorización para acceder a los datos fiscales y de seguridad social, y, según aseguró por entonces, cursó el procedimiento.
Vázquez denuncia que, tres meses después, la empresa aún no haya contestado o no se haya notificado de su respuesta, por lo que insta al Consistorio emeritense a que se le sancione por no cumplir la “obligación” intrínseca al contrato.
Infracción administrativa
En los últimos meses de la legislatura anterior, los sindicatos denunciaron que la plantilla de la que disponía FCC para la recogida y limpieza de la basura se situaban en torno a los 94 trabajadores, a pesar de que tiene la obligación según los pliegos de contar “con al menos 119 empleados para la adecuada prestación del servicio”.
El silencio al respecto lleva a IU Mérida a sospechar “que la situación es espinosa” y a instar al Consistorio a “actuar con diligencia” y a que haga cumplir las obligaciones propias de la empresa.
Según el artículo 21, constituye infracción administrativa sujeta a sanción toda vulneración de las prescripciones del pliego y al de condiciones técnicas, reglamentos de los servicios y cualquier otra normativa municipal de aplicación. Una multa que tal y como dicta el contrato, en caso de considerarse grave o muy grave, podría ascender al 10% del presupuesto, “unos 550.000 euros”, según especifica Vázquez.
Informes “clarificadores”
Por su parte el Ayuntamiento de Mérida ha asegurado que va a revisar si se está cumpliendo con los contratos y las condiciones de la licitación, dice su portavoz, Carmen Yañez. La edil explica que se elaborarán partes “clarificadores” de la situación actual y que se harán públicos en los próximos días.
“Es cierto que, en su día, FCC subrogó la plantilla por jubilaciones y bajas, por lo que vamos a ver qué contemplaba el contrato en esos casos y a requerir un informe que aclare esta circunstancia”.
La portavoz calma la situación asegurando que, cada dos meses, un técnico revisa el certificado TC2 de la Seguridad Social en el que se recoge con nombres y apellidos los trabajadores de la empresa, los cuales están protegidas por la ley de protección de datos.
Desde FCC aseguran a eldiarioex que el número de trabajadores que conforman la plantilla es el mismo estimado en la oferta que se presentó al concurso y el mismo que exige el pliego de condiciones. “La información está en el Ayuntamiento y no tenemos nada que esconder”.