La izquierda presenta unos presupuestos alternativos a los de Guardiola: carga fiscal para las rentas altas y vivienda pública

La tramitación parlamentaria de los presupuestos de Extremadura 2025 transcurre sin sorpresas y con pocas novedades. La más importante es que PSOE y Unidas por Extremadura han presentado este miércoles sendas enmiendas a la totalidad de las cuentas de la Junta, que se encuentra en minoría, y han avanzado un apoyo mutuo en el pleno que se celebrará este viernes en la Asamblea.

La propuesta que han presentado ambos grupos suponen revertir las rebaja fiscal emprendida por PP y Vox en Extremadura, sobre todo para restaurar el impuesto de patrimonio, apuesta por la educación, más inversión en servicios públicas y una nueva politica de vivienda con la construcción de inmuebles púbicos.

Por su parte, Vox solicitó el martes abrir un periodo de negociaciones con la Junta, por lo que, a todas luces, se opondrá a las enmiendas de la izquierda y tratará de obtener luz verde a sus propuestas a través de enmiendas parciales como condición para que sus cinco diputados, necesarios para el Gobierno de María Guardiola, aprueben las cuentas del año próximo.

Recuperación del inpuesto de los ricos

La enmienda a la totalidad del grupo Socialista al proyecto de presupuestos autonómicos para 2025, que incluye medidas alternativas como la recuperación del impuesto de patrimonio o un plan de vivienda para jóvenes a 80.000 euros, según ha anunciado este miércoles el líder del partido, Miguel Ángel Gallardo.

Por tanto, y a falta de lo que decida VOX en esta materia, el pleno de la Asamblea de Extremadura convocado para este próximo viernes abordará tanto la enmienda del PSOE como la presentada por Unidas por Extremadura, que los socialistas apoyarán, según ha adelantado Gallardo en una rueda de prensa, a pregunta de los periodistas, porque tiene el “mismo enfoque” que la suya. Gallardo ha afirmado que hay un “pacto” con VOX para conseguir su apoyo y ha preguntado “¿a cambio de qué?”.

Tras analizar el proyecto de ley, Gallardo ha justificado la enmienda en “tres grandes carencias -inestabilidad, irrealidad e injusticia social-”, mientras que el PSOE propone una alternativa basada en la sostenibilidad y la igualdad de oportunidades.

A su juicio, son “un gran error político, económico y social”, y ha considerado que las cuentas son “históricas”, no porque sea la cuantía más alta, sino porque el 2,2 % de subida es el menor incremento en ocho años. Además de esta “falta de ambición”, ha advertido de que son insostenibles porque tiene ingresos irreales, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), con un déficit del 1% del PIB, diez veces más del límite de estabilidad presupuestaria.

Otro problema aún más grave en su opinión es la ejecución de 2024, ya que ha sido la peor de la historia reciente, por debajo del 25% en inversiones. El Gobierno ha vivido hasta ahora de las rentas y ha llegado la “parálisis” porque, según Gallardo, hay “mucho humo” y poca acción.

En materia tributaria y de ingresos, abogan por recuperar el impuesto de patrimonio y el impuesto a los grandes tenedores de vivienda, además de eliminar la bonificación del impuesto de matriculación a vehículos contaminantes y de alta gama. No aplicar la deducción en el IRPF para contribuyentes que trasladen su residencia habitual a Extremadura y bonificar al 100 % del precio público para los comedores escolares y el aula matinal, y en un 50 % la ITV. También plantean reformular el tramo autonómico del IRPF en base a una escala que desarrolla, con un tipo que va del 8 al 25,5 %, el más alto para una base liquidable de 120.200 euros y en adelante.

En materia de gastos, los socialistas piden garantizar que la unidad familiar no destine más del 30% de la renta del hogar a los gastos de hipoteca o alquiler, así como los de suministros básicos del hogar (agua, luz, calefacción...) Y elaborar programas de inversión en infraestructuras, como un plan de vivienda para jóvenes a 80.000 euros, con preferencia también para el mundo rural, uno de los grandes olvidados de estos presupuestos, como la agricultura, según Gallardo.

Además de garantizar y dotar en la ley de presupuestos toda la inversión necesaria, así como el blindaje de su partida, para el proyecto de Regadío para Tierra de Barros.

En educación, Gallardo ha propuesto la gratuidad total de aulas matinales y comedores escolares, y un plan de escolarización rural de 0 a 3 años. También ha dicho que no se olvidan de la segunda fase del hospital de Cáceres y la construcción del modulo hospitalario del hospital de Don Benito-Villanueva.

La enmienda incluye, además, el incremento en 100 millones de euros los incentivos industriales a empresas relacionadas con la economía verde y la transición ecológica. Y, por último, el establecimiento de un objetivo de ejecución mínimo del 70% en el capítulo de inversiones.

“Una hoja de ruta injusta y suicida”

Por su parte, el grupo parlamentario Unidas por Extremadura ha registrado una enmienda a la totalidad del proyecto de presupuestos de la Junta al considerar que mantienen, ahora en “solitario”, la “hoja de ruta injusta, insolidaria, irresponsable y suicida” de las anteriores cuentas acordadas con Vox. 

La portavoz de este grupo, Irene de Miguel, ha señalado, que si la enmienda de totalidad anunciada por el PSOE sigue en la misma línea que la que presentaron en los presupuestos de este ejercicio no tendrían “ningún problema en apoyarla”, porque en la coalición “miran por el interés de la región”, que es que estos presupuestos “no salgan adelante”.

En este sentido, Unidas por Extremadura, que ya trabaja en las enmiendas parciales en caso de que las cuentas sigan su trámite parlamentario, ha asegurado que estas vienen a “mantener el status quo de una minería de personas”, las más privilegiadas. Así, rebajan los impuestos a “los ricos, rentistas, propietarios y herederos”, “recayendo la carga fiscal sobre las familias trabajadoras”, una situación que afecta a los ingresos propios y, por tanto, a la financiación de los servicios públicos. 

De Miguel ha indicado además que los PGEx presentan “un rácano incremento presupuestario”, del “1,4%”, el “más bajo de la década”, y el aumento de fondos proviene de las transferencias del Estado y de la Unión Europea.

Con su enmienda a la totalidad denuncian también que en el Ejecutivo extremeño son “unos pésimos gestores”, pues al presupuesto de este año, con datos hasta septiembre, le faltaría por ejecutar el “43%”, siendo la ejecución “del 16% en inversiones o del 22% en transferencias del capital”. 

Asimismo, ha apuntado De Miguel, las cuentas “no afrontan los verdaderos problemas y retos” que tiene Extremadura en materia de financiación de servicios públicos, pues la inversión en sanidad, en educación o en servicios sociales está “muy por debajo de las necesidades constatadas” en informes de organismos como Amnistía Internacional.

En materia sanitaria, ve deficitaria la inversión tanto en Atención Primaria y especialmente el gasto en personal, que “no supone más del 15,50%, muy por debajo del 25% con el que se comprometió el PP en su programa electoral, como en la atención especializada, mientras ”la externalización de la asistencia sanitaria a empresas privadas crece al 12,30%“.

Los inventivos fiscales en materia de vivienda no sirven, a su juicio, para garantizar el acceso a la misma, solo benefician a “rentistas y especuladores”; y se sigue “precarizando” la educación pública, en favor de la concertada, con medidas además como las ayudas a guarderías y academias de inglés que olvidan al medio rural, ha expresado. 

Otro aspecto que ha denunciado De Miguel es que, pese a tener un 32,8% de personas en riesgo de exclusión social y un número creciente de trabajadores pobres, las políticas públicas autonómicas de “protección de rentas y lucha contra la pobreza están ausentes” y programas como el de inclusión social sufre “un recorte superior al 6%”.