La Junta de Extremadura abrirá en “los próximos días” una nueva convocatoria para solicitar la renta básica, que estará dotada “con 3 millones de euros”, según ha anunciado ante el pleno de la Asamblea el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles.
A una pregunta del Grupo Popular, Vergeles ha asegurado que su Ejecutivo ha tenido que buscar financiación para poder pagar 2.582 solicitudes de renta básica que estaban aprobadas pero “sin cobertura” económica, así como los citados 3 millones.
El consejero se ha mostrado “sorprendido” de que sea el PP el que pida una convocatoria “abierta” y que se convoque “de forma inmediata” sin hacer un cambio legislativo, cuando fue el anterior Ejecutivo popular quien puso “fecha de convocatoria a la pobreza”.
Según Vergeles, con el Ejecutivo socialista, se han incrementado desde julio a octubre en un 12% los expedientes finalizados mientras que han descendido un 27% los que están por resolver.
Además, se ha dotado a la renta básica de una Jefatura de Servicio, de un manual de procedimiento y modificado el sistema de información para que sea más accesible a través de los Servicios Sociales de Base.
La diputada popular Felisa Cepeda ha criticado que no se haya vuelto a emitir convocatoria desde el 23 de agosto, cuando salió la última, y ha recordado que la norma de renta básica asegura su carácter de crédito ampliable.
Para Cepeda, en la anterior legislatura de Vara hubo “cero rentas básicas, con Monago se creó el derecho y ahora con Vara hay impago y paralización de ese derecho”. Además, ha censurado que la ley se modifique por “decretazo” sin que los grupos puedan aportar ideas.
Pago de la PAC
El diputado popular José Antonio Echávarri ha preguntado a la consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García Bernal, por si la Junta ha abonado a los agricultores y ganaderos extremeños el anticipo de la PAC.
Según Echávarri, solo se ha pagado “al 33% -unos 20.000 agricultores- sin incluir todos los conceptos”, al tiempo que ha apostillado: “lo que no son cuentas, son cuentos”.
La consejera ha respondido que ya se “han iniciado las transferencias a los agricultores y ganaderos extremeños”, y ha felicitado a los trabajadores y los técnicos encargados de la gestión que se han pegado una “paliza” para resolver “63.430 solicitudes con 45.000 alegaciones en un plazo récord”.
Begoña García ha destacado que Extremadura -junto con Castilla y León y Navarra- es una de las tres comunidades que en el primer día autorizado, el 16 de octubre, han solicitado los anticipos del 70% al Fondo Español de Garantía Agraria.
Herbicida para el camalote
En otro orden de asuntos, el diputado de Podemos Eugenio Romero ha preguntado a la Junta por qué no puede utilizarse un antídoto biológico o herbicida que seca el camalote para frenar la “catástrofe ambiental” causada por esta especie invasora.
El consejero de Economía e Infraestructuras, José Luis Navarro, ha precisado que no puede usarse porque a pesar de estar inscrito en la Oficina Española de Patentes, no cuenta con el proceso legal necesario previo a su comercialización.
Navarro ha compartido con Podemos la preocupación por el “grave problema” del camalote o jacinto de agua y ha indicado que la Junta insistirá ante el Ministerio “con todas sus fuerzas para que actúe con diligencia antes de que llegue a ser incontrolable”.
Residuos nucleares franceses en Almaraz
Igualmente, Eugenio Romero ha preguntado por el traslado de residuos nucleares desde Francia a la Central de Almaraz (Cáceres), asunto del que, a su juicio, se debería haber informado a la opinión pública. Ha abogado por la renovación del modelo energético, con una clara apuesta por las renovables.
El consejero ha explicado que tras producirse el vencimiento de una primera autorización, en la que se trasladaron cuatro de seis bombas, ha habido que realizar otra para las restantes, que todavía no han llegado y que después de permanecer temporalmente en Almaraz, se trasladarán al almacén centralizado de El Cabril.
La Junta se mostrará “exigente” en el cumplimiento “escrupuloso” de los requisitos técnicos en ese traslado en aras de garantizar la seguridad de los extremeños.
Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Victoria Domínguez, ha criticado el plazo de pago a proveedores pues, según ATA, Extremadura es la que “más tarda” en España, lo que aparte de incumplir la ley, “ahoga a muchas pymes”.
La titular de Hacienda, Pilar Blanco-Morales, ha señalado que el problema está fundamentalmente en el plazo de pago a proveedores del Servicio Extremeño de Salud (SES), con 132 días de media, para lo que se incrementará su presupuesto en 2016, tras pedir más de 250 millones a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).