La Junta va a contratar con cargo a la oferta pública de empleo (OPE) autonómica 2022 un 20% más de personal que los que se jubilan o abandonan la Administración por otro motivo en los sectores prioritarios como son sanidad, educación, o lucha contra el fraude fiscal y laboral, y un 10% más en el resto de organismos oficiales.
Es el compromiso anunciado por la vicepresidenta primera y consejera de Administración Pública y Hacienda, Pilar Blanco-Morales, tras reunirse con los sindicatos este martes en Mérida, en la Mesa General de la Función Pública.
La llamada tasa de reposición, la cobertura de puestos vacantes en la Administración por jubilaciones u otras causas de baja, ha sido ampliada este año en los Presupuestos Generales del Estado, que es la ley marco que en ese sentido obliga a las comunidades, una ampliación que “vamos a aplicar al máximo”, ha dicho la vicepresidenta al informar del contenido de la reunión.
La Junta, añade, querría que no hubiera límites a la tasa de reposición, es decir, que pudiera incrementarse el número de funcionarios más allá del número de los que se jubilan o lo dejan, pero el margen presupuestario estatal obliga a ese máximo del 20 por ciento en el ejercicio presente.
Esta oferta pública de empleo de la Administración autonómica, aunque corresponde al año presente, tardará como es habitual un tiempo largo para llevarse a cabo, un par de años mínimo, ya que entre otras cosas “no conozco ninguna oferta que no haya sido recurrida en los tribunales porque alguien cree que se vulneran sus derechos”, advierte la número dos del Gobierno extremeño.
Áreas prioritarias
Por lo tanto, de acuerdo con los sindicatos se va a proceder a la aplicación del 120% de tasas de reposición para los sectores prioritarios y del 110% para los no prioritarios, máximos permitido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para este ejercicio.
Ello supone a su vez un diez por ciento más de contratación de trabajadores que lo permitido para la oferta anterior, 2021.
A efectos de tasa de reposición, se consideran sectores prioritarios (se cubrirán las plazas vacantes más un 20%) las administraciones públicas con competencias educativas y sanitarias, así como aquellas destinadas al control y lucha contra el fraude fiscal, laboral, de subvenciones públicas y en materia de Seguridad Social y el control de la asignación eficiente de recursos públicos.
Asimismo, también se contemplan como prioritarias las de asesoramiento jurídico y la gestión de los recursos públicos, el personal de los servicios de prevención y extinción de incendios, los que prestan asistencia directa a los usuarios de los servicios sociales, los que realizan la gestión de prestaciones y políticas activas en materia de empleo, las plazas de seguridad y emergencia, las de atención a los ciudadanos en los servicios públicos y las del área de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
La aplicación de estos criterios, los números concretos, se determinará en cada una de las mesas sectoriales (oficinas, educación, sanidad), en las que se cuantificarán y negociarán las plazas que compondrán las respectivas ofertas de empleo.