La Junta de Extremadura considera que “hay que esperar” a que las acciones de tutela abiertas por el Ministerio de Hacienda sobre las arcas del Ayuntamiento de Alburquerque (Badajoz) den su fruto “antes de adoptar una decisión completamente excepcional” como es la disolución de la corporación local.
De hecho, esta medida, que sólo puede adoptar el Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma correspondiente o a solicitud de éste y, en todo caso, previo acuerdo favorable del Senado, sólo se ha adoptado una vez en la historia de la democracia. Fue en abril de 2006, cuando la corporación local de Marbella fue disuelta a raíz de las numerosas derivaciones urbanísticas y fiscales que supuso la operación Malaya.
El artículo 61 de la Ley de Régimen Local explica que el Gobierno puede acordar la disolución de una corporación “en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales”.
Fuentes de la Administración regional han explicado que, en lo que atañe al cumplimiento general de la legalidad y a la específica en materia financiera, “la tutela de los entes locales extremeños corresponde a la Administración General del Estado”, que dispone de los mecanismos de intervención recogidos en leyes como la Reguladora de las Bases del Régimen Local y la de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
En este sentido, el Ministerio de Hacienda ha dirigido numerosos requerimientos al ayuntamiento de Alburquerque, que responden a un reiterado incumplimiento de las obligaciones del Plan de Ajuste municipal y de las solicitudes de información. “Ya se está desplegando una tutela financiera sobre el municipio que, en caso de reincidencia en los incumplimientos, puede llevar a la adopción de las medidas contempladas” en la citada ley para “restringir progresivamente su autonomía financiera”. “Si se llega a una situación límite”, se podría adoptar la disolución de la corporación local.
A su vez, la Junta de Extremadura trabaja en la línea que ya avanzó en un reciente pleno de la Asamblea, con base en “la preocupación que la situación financiera del municipio suscita y, sobre todo, por el bienestar y la buena convivencia de los vecinos”. Por ello, la Administración extremeña mantiene su disposición para encontrar una solución satisfactoria para los perjudicados por esta situación, en especial para los trabajadores municipales que no cobran puntalmente sus nóminas y para los proveedores del ayuntamiento, cuyas facturas no son atendidas en plazo.
“No podemos obviar la causa clara de esta situación, que no es otra que la pésima gestión económica de los responsables municipales”, han aseverado desde la Junta.
Entre las medidas adoptadas por el Gobierno extremeño, destaca la celebración de encuentros y el intercambio de información entre todas las administraciones públicas “empeñadas en que Alburquerque vuelva cuanto antes a la normalidad”. Asimismo, se han reforzado los servicios públicos autonómicos para minimizar los efectos de la grave situación financiera, se ha aplazado el pago de las deudas con la Hacienda regional y se han agilizado los pagos desde la tesorería regional.