La Junta de Extremadura iniciará en los próximos días una ronda de contactos con los grupos políticos parlamentarios para definir las líneas de la reforma tributaria que pretende impulsar y que estará incluida en una ley de medidas para la sostenibilidad y garantía de la sanidad pública extremeña.
Así lo anunció ayer la consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, durante la presentación del anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales de Extremadura (PGEX) para 2016, que suponen una disminución del 4,7% respecto a los de este año y se quedan en 5.114 millones de euros. La subida de impuestos anunciada por la Junta hace semanas está contemplada “prudentemente” en estos presupuestos pero se ampliará en una reforma tributaria que requiere su ley especial, ley que abarcará medidas para garantizar la calidad de la sanidad pública.
“Estoy convencida de que los ciudadanos estarían dispuestos a pagar 19 euros más en el IRPF con tal de que se acabe con las listas de espera y no tener que esperar dos años para una prueba radiológica o tener que acudir a la medicina privada y pagar 200 euros por una radiografía”, espera la consejera de Hacienda. Las reuniones que el Gobierno extremeño mantendrá con los distintos grupos parlamentarios serán para conocer además su posición y articular finalmente una propuesta.
En el capítulo de impuestos destaca un incremento del 60 por ciento (del 10 al 16 por ciento) en el canon de saneamiento o canon del agua. Fuentes del PSOE aclaran que será una subida progresiva, de manera que los mayores recargos serán para las rentas más altas.
“Imprescindible” para bajar las listas
El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, aseguró por su parte también ayer que es “imprescindible” una reforma tributaria para poder bajar las listas de espera sanitarias, ya que hay 100.000 extremeños en sus casas pendientes de una cita para hacerse una prueba diagnóstica, acudir a una consulta o ser operados. “Habrá una serie de medidas fiscales, que estamos elaborando, y que ajustará algunos impuestos para poder cumplir las expectativas”.
Sobre todo “para poder reducir las listas de espera”, ha añadido sobre un texto que va a contemplar una previsión de incremento de la recaudación del IRPF en un 8,5 %, que no sería efectiva hasta el año siguiente, es decir si esta reforma tributaria se aprueba ya empezado 2016 no se notará hasta que en 2017 se haga la declaración relativa a aquel año.
“Preferimos que paguen algo más los que puedan hacerlo antes de no dar cita sanitaria a esas personas y seguir esperando. Porque las dos cosas no son posible”, ha recalcado Vara.
El mejor resumen de los presupuestos para 2016 presentados ayer es que “las personas no pueden estar al servicio de los números, sino viceversa. Y demuestra que es posible reducir los presupuestos para cumplir con los objetivos de déficit sin dejar de dar un tratamiento especial a las políticas sociales”.
A pesar de la reducción de las cuentas en general en un 4,7%, el presupuesto en Sanidad crece más de un 2 %, y el de Educación aumenta de “manera significativa”, “lo cual pone de manifiesto que era posible que cuadren las cuentas, sin que para ello haya que destrozar la vida a la gente”.
“Evidentemente -ha concluido-, me hubieran gustado unos presupuestos aumentados con respecto a los de 2015, pero hemos hecho lo que teníamos que hacer y a lo que nos hemos comprometido con el Ministerio de Hacienda, pero reforzando de manera muy significativa tanto la sanidad, como la educación”.
“La sanidad es cara y hay que pagarla”
En Extremadura se van a vincular las medidas fiscales que se adopten “de aquí en adelante” con la sostenibilidad del sistema sanitario. Fernández Vara ha realizado estas declaraciones en Cáceres donde participó ayer en la inauguración del “VIII Encuentro Ibérico de Enfermería”.
“Como sociedad tenemos muchos retos, pero uno de ellos es que este sistema sea sostenible”. En este sentido si queremos que la sanidad sea universal, gratuita y “de todos y para todos”, hay que pagarla y “la única manera de hacerlo es con impuestos”.
La ciudadanía debe saber que “no le estamos pidiendo un esfuerzo mayor para cualquier cosa, sino que se lo estamos pidiendo para que cuando vaya al médico y éste le diga que necesita una resonancia magnética, no tenga que coger 250 euros para ir a una clínica privada”.
La sanidad es cara, ha argumentado Fernández Vara y “si queremos incorporar la innovación, si queremos que se introduzcan nuevos medicamentos, si queremos el acceso a los tratamientos de la hepatitis C, hay que tener dinero para pagarlos”.
El presidente ha finalizado diciendo que como ciudadano le otorga mucha tranquilidad saber “que la vida de nuestros hijos, que la salud de nuestra familia” no depende ni de los apellidos, ni de la cuenta corriente que cada uno tenga en el banco.
Unas cuentas de carácter social
La consejera detalló algunos de los puntos del Proyecto de Ley de Presupuestos de Extremadura. Se blinda la sanidad pública, mientras que hay un aumento en empleo (8%) y en sanidad (125%).
Del total de los presupuestos 4.038,4 millones de euros corresponden a fondos propios de la comunidad -que aumentan en 101 millones de euros respecto al presupuesto en vigor- y 1.075,6 a fondos europeos, lo que supone 251 millones de euros menos. En las cuentas el Consejo Consultivo se queda sin presupuesto, con una reducción del 100% de su cuantía.
Con el “blindaje” de la sanidad pública, se prevé un incremento del presupuesto del Servicio Extremeño de Salud (SES) en 158 millones (11,6%) hasta 1.518 millones. El presupuesto de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales es de 465 millones, se contempla una subida del gasto farmacéutico (39,6%), de las inversiones (19,3%) y para ayudas de Dependencia hay 144,5 millones.
También aumenta en un 8,6% el área de Empleo, en la que se invertirán 35 millones en el fomento de la contratación indefinida y 26 millones en autoempleo y economía social. La Junta contempla la contratación de 4.000 personas sin prestación con el Plan de Empleo Social y 5.000 beneficiarios del Plan de Empleo Experiencia.
Desde la Junta, ha continuado, se dinamizará la actividad empresarial con acciones por valor de 18 millones; en innovación y tecnologías se invertirán casi 100 millones; y el turismo, un “sector estratégico”, recibirá una inyección de 20 millones. Otro de los ejes de la política presupuestaria del Gobierno extremeño es Vivienda, que cuenta con un montante global de 44,6 millones. En este apartado, destacan 29 millones en promoción y ayudas para el acceso a la vivienda o 1,2 en un programa de intermediación bancaria para evitar desahucios.
Los presupuestos no han gustado al PP, que asegura que con este proyecto “se puede ir al traste” la senda de la recuperación que había iniciado la comunidad autónoma. José Antonio Monago dice que traen “recortes, 251 millones menos, y más impuestos, justo lo contrario que necesita una comunidad autónoma en crecimiento”. Además, indica que se hacen más ajustes, hay menos inversiones “y lo que se va a generar es menos confianza”.
El portavoz de Podemo, Álvaro Jaén, ha definido los presupuestos de la comunidad autónoma para 2016 como “bastante poco creíbles”, “electoralistas” y “regresivos” en materia fiscal, por lo que ha insistido en que su grupo estudiará si presenta una enmienda a la totalidad.
Jaén ha criticado la “absoluta falta de información” tanto del anteproyecto de ley de presupuestos como del Plan Económico Financiero presentado por la Junta ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para equilibrar las cuentas.
Desde Ciudadanos María Victoria Domínguez rechaza la subida de impuestos y los recortes en inversiones y no ha descartado presentar una enmienda a la totalidad“.
El PSOE confía en que los presupuestos para 2016 serán aprobados por el Parlamento extremeño y ha expresado la voluntad de su grupo de llegar a acuerdos. El portavoz Valentín García ha indicado que en estas cuentas, “frente a los kilómetros de asfalto, el Gobierno socialista apuesta por kilómetros de equidad social y lucha contra la pobreza”.
También se ha pronunciado el sindicato CCOO, que ha lamentado la reducción en un 4,7 por ciento respecto a este año de los Presupuestos Generales de Extremadura para 2016, aunque ha valorado el “significativo aumento” del gasto social para atender las necesidades de la ciudadanía en cuestiones “básicas” como Educación o Sanidad.
A juicio del sindicato, la rebaja limita las posibilidades del Gobierno regional para contribuir a la recuperación económica. “Si bien es cierto que el descenso con respecto al año anterior se debe en gran medida a que los presupuestos del anterior Gobierno eran ficticios y tenían importantes partidas de ingresos infladas, como el sindicato denunció en varias ocasiones”.