María Guardiola descarta la gratuidad universal de los comedores escolares en Extremadura en los próximos cursos

Ni este curso ni en los próximos. El comedor escolar no se convertirá en un derecho universal con el Gobierno de PP y Vox y, aunque seguirá siendo gratuito para muchas familias de Extremadura, se descarta que lo sea para todas.

La presidenta de la Junta, María Guardiola, lleva desde el martes dando explicaciones por la polémica creada en torno a la eliminación de la gratuidad universal de este servicio, como se recogía en los presupuestos autonómicos del PSOE para este año, y que ha provocado que los padres y madres de 2.126 niños tengan que abonar de sus bolsillos los menús un 31% más caros que el curso anterior directamente a las empresas de catering.

No obstante, Educación ha garantizado que esos menores puedan convertirse en usuarios a pesar de las limitadas infraestructuras de muchos colegios para acoger la demanda de este año. El resto de alumnos, casi 15.500, sí disfrutarán de becas del 100% tras una baremación que ha suscitado críticas entre las familias porque al haberse hecho teniendo en cuenta el centro escolar se han producido desigualdades bastante llamativas por motivos de renta.

Guardiola ha asegurado en una entrevista en Canal Extremadura que su Ejecutivo “garantizará” la gratuidad a las familias que lo necesiten y no puedan pagarlo, y trabajarán para llegar al máximo número de personas posible que lo requieran para conciliar. En esta ocasión también se han quedado fuera los comedores de los colegios concertados y los que gestionan directamente las asociaciones de padres y madres en los centros públicos.

Ampliar el presupuesto en 500.000 euros

La consejera de Educación, Mercedes Vaquera, ha abundado en este posicionamiento en el pleno celebrado en la Asamblea: “Quienes disponen de una renta suficiente, que lo paguen, esa es la equidad”. A pesar de ello, tanto Vaquera como el PP han insistido en culpar a la anterior responsable de la Consejería de Educación por la instrucción publicada el pasado junio y que el actual Gobierno ha mantenido, aunque ha reconocido que ha sido una “limitación normativa”. Según la cifra que ha dado la consejera en el pleno, atender a esas 2.100 familias hasta finales de año -la vigencia de los actuales presupuestos- habría supuesto más de 500.000 euros que no estaban consignados.

Por su parte, la portavoz del PP, Sandra Valencia, ha reconocido que con la baremación que ha aplicado la Junta de Extremadura “hay familias becadas con una renta de 80.000 euros y otras se han quedado fuera con unos ingresos de 25.000 euros”.

Para el PSOE y Unidas por Extremadura (UPE) no se trata de un argumento válido. La portavoz socialista, Piedad Álvarez, ha recordado que la Junta de Extremadura estuvo en funciones a principios de verano y desconocía la demanda final del servicio de comedor escolar y aula matinal. “La gratuidad era obligada porque se aprobó en la ley de Presupuestos y la obligación de este Gobierno tendría que haber sido modificar los contratos con las empresas de catering y los créditos necesarios para hacer frente a la demanda. Lo que pasa es que ustedes no quieren avanzar en derechos”, ha afirmado.

El portavoz de la coalición de izquierdas UPE, Joaquín Macías, también ha explicado que una solución habría pasado por aprobar una modificación presupuestaria para incrementar el dinero en esta partida: “No me digan que no era posible porque hace dos días aprobaron una rebaja fiscal con efecto retroactivo a 1 de enero de 2023 que supondrá dejar de ingresar 40 millones de euros por IRPF”. Además, el Gobierno de Guardiola ha anunciado la eliminación del impuesto de Patrimonio, conocido como el impuesto de los ricos, y el que tendría que entrar en vigor en 2024 para las personas físicas y jurídicas con más de cinco inmuebles vacíos.

Sobre ello también se ha pronunciado en el pleno Irene de Miguel, de Unidas por Extremadura, que ha recordado que la supresión del impuesto al Patrimonio beneficia a las grandes fortunas, “aquellos que tengan más de dos millones de euros de patrimonio”, todo ello en la misma semana en la que se obliga a más de 2.100 familias “a tener que pagar más de mil euros” por cada hijo que haga uso del comedor escolar. “Sus prioridades las han demostrado en los primeros días: crear más desigualdad a costa de privilegiar a los que más tienen”, ha dicho.