La Asamblea ha dado el visto bueno definitivo a la nueva Ley de Promoción y Acceso a la Vivienda Extremadura, aunque es bastante menos ambiciosa de lo que en un principio planteó la Junta. De esta forma, se crea un impuesto sobre las viviendas vacías para grandes tenedores -quienes tengan más de 5 inmuebles-, aunque ha quedado descafeinado tras pasar por el Consejo de Estado; se avala el 15 % de la hipoteca a los jóvenes, se establecen alternativas al desalojo en las familias con menores de edad.
El texto ha salido adelante con la mayoría absoluta del PSOE, aunque ha llamado la atención la abstención del PP y de Unidas por Extremadura (UPE). El grupo de Cs lo ha rechazado.
El último pleno de la legislatura ha debatido este jueves 41 enmiendas parciales, 15 del PP, 9 Cs y 17 de UPE, y el PSOE ha dado su apoyo a cuatro iniciativas de Grupo Popular y ha transaccionado otras cuatro con la coalición de izquierdas.
La diputada socialista Teresa García Ramos ha reconocido que hubiera sido un buen cierre de legislatura que esta normativa hubiese salido con un mayor apoyo y ha especificado que esperaba mas de UPE, que se ha abstenido en la votación a pesar de que PP y Cs han reiterado a lo largo del debate que con la nueva ley de vivienda de Extremadura el PSOE se pliega a los intereses de Podemos por si necesita a esta formación para formar gobierno a partir del 28 de mayo.
Por su parte, el PP, totalmente contrario al contenido impositivo de la ley, finalmente ha decidido abstenerse, a pesar de sus críticas, por no oponerse a otras medidas con las que la normativa pretende ayudas a los jóvenes y proteger a los menores, ha dicho su diputado Saturnino López Marroyo.
Excepciones al impuesto
Previamente al debate final en pleno, el pasado lunes, en comisión, se aprobaron las 22 enmiendas del PSOE al proyecto de ley, que incorporaron aportaciones, las más significativas sugeridas por el Consejo de Estado. Así, por recomendación de esta institución, se aprobó rebajar a la mitad el nuevo impuesto que inicialmente se planteó sobre viviendas vacías a grandes tenedores (propietarios de más de cinco viviendas), para ajustarlo al contexto actual por el encarecimiento de los préstamos hipotecarios y la subida del euríbor.
De esta forma, un gran tenedor con 10.000 metros cuadrados pasaría a pagar 97.000 euros en vez de los 194.000 euros previstos inicialmente, según puntualizó García Ramos.
Además, también sugerido por el Consejo de Estado, se añadieron a la ley las zonas de baja demanda por la despoblación, que quedarían exentas del gravamen y que serán aquellas en las que se hayan ofertado a precio igual o inferior a los precios máximos de compraventa o arrendamiento durante un año.
Por otra parte, se amplía a un año la obligación de comunicación de vivienda vacía, en vez de semestralmente, y se ajusta a tres meses continuados la interrupción para la realización del hecho imponible.
“Más puertas de salida que de entrada”
En el último debate de la ley, la portavoz de UPE, Irene de Miguel, ha dicho sentirse “dolida” por la “falta de valentía” para afrontar el problema de la vivienda en Extremadura. A su juicio, el impuesto sobre viviendas vacías “llega tarde y mal”, pues presenta “más puertas de salida que de entrada”, además de criticar que se contemple que una vivienda deja de estar vacía si se alquila tres meses al año.
También ha criticado que no se amplíen los supuestos de vulnerabilidad y mecanismos como la mesa contra desahucios.
En una segunda intervención, De Miguel ha considerado “miserable” la actitud de PP y Cs ante los problemas de la vivienda y ha invitado a todos a apoyar la ley de vivienda estatal porque “es necesaria y debe salir adelante cuanto antes”.
Para Joaquín Prieto, de Cs, la nueva ley de vivienda extremeña es un “esperpento” que pone de manifiesto que el PSOE “se ha echado en los brazos de Podemos” en lo que supone, a su juicio, un ataque a la propiedad privada. De hecho, le ha dicho a De Miguel que “se le está poniendo cara de consejera de coalición”. Prieto ha considerado la normativa “miserable, oportunista e intervencionista”, aunque “edulcorada” con fines sociales.
Sánchez Marroyo ha augurado que el PSOE “puede necesitar el apoyo de Podemos” tras las próximas elecciones, ya que “solo así se entiende que se abracen a los morados” con esta ley. Además de criticar su afán recaudatorio, ha señalado que “se trata de vender humo en precampaña”, ya que el impacto de la norma sobre el medio rural será mínimo.
Teresa García Ramos, por su parte, ha hecho un elogio de la ley y tras recordar que la vivienda y el empleo han sido las dos prioridades del Gobierno de Vara en esta legislatura, ha aprovechado para insistir en los logros conseguidos.
Los grupos de la oposición han criticado también que se haya aprovechado esta ley para hacer un “pupurrí legislativo de todo lo que se ha quedado en el tintero”, en palabras de Joaquín Prieto, al introducir otras disposiciones relativas a política forestal o del territorio.