La oficina antiokupación del PP en Extremadura se queda en un asesoramiento de los colegios de abogados

Los colegios de abogados de Badajoz y Cáceres prestarán orientación jurídica gratuita a particulares afectados por la ocupación ilegal de inmuebles destinados a vivienda en virtud de un acuerdo firmado este lunes con la Junta de Extremadura. Con este fin, el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín Castizo, ha rubricado en Mérida un convenio de colaboración con el vicedecano del colegio cacereño, Luis Bohoyo García, y el decano del pacense, Ildefonso Seller Rodríguez.
Martín ha señalado que aunque Extremadura no registra los niveles de ocupación ilegal de otras regiones, esta realidad “está presente”, de ahí la “necesidad y oportunidad” de poner en marcha este servicio gratuito de consulta para la ciudadanía. Según ha apuntado, los últimos datos del Ministerio del Interior señalan que en el año 2024 se registraron 145 casos de allanamiento o usurpación de bienes en Extremadura, que 104 hechos fueron denunciados y que 24 personas fueron detenidas.
En el caso de las viviendas de promoción pública, se desalojaron 92 inmuebles ocupados ilegalmente, en los que en 5 fue necesario llevar a cabo un lanzamiento judicial mientras que los 87 restantes fueron recuperados gracias a las negociaciones de las trabajadoras sociales de la Consejería.
Con el convenio firmado, según ha explicado, se prestará orientación y asesoramiento profesional “de forma inmediata” a quienes se ven afectados por la ocupación ilegal de sus inmuebles, para lo que se establecerá un turno especializado de abogados en los dos colegios. Con ello se busca emitir criterios de respuesta “eficaz e inmediata” encaminando a los afectados hacia una “solución efectiva” del conflicto.
Esta atención se realizará presencialmente o a través de un servicio telefónico, en horario de mañana y tarde, además de habilitarse una dirección de correo electrónico en cada colegio para consultas en línea, disponible las 24 horas del día.
Para la puesta en marcha de esta medida, con un año de duración prorrogable por otro, el Gobierno extremeño ha aportado 25.000 euros a cada colegios profesional, ha precisado Martín. Según ha resaltado, esta medida responde a un compromiso del Gobierno de María Guardiola, “que no se va a poner de perfil ante el problema que sólo el año pasado afectó a más de un centenar de ciudadanos extremeños”.
El objetivo es garantizar el derecho a la propiedad privada reconocido por el ordenamiento jurídico español, así como reforzar la seguridad jurídica y generar certidumbre en la ciudadanía. En este sentido, ha advertido de que la ocupación ilegal “reduce la oferta -de vivienda-, sube los precios y dificulta el alquiler a las personas más vulnerables”.
Por su parte, el decano del colegio pacense ha precisado que el servicio de consulta gratuito estará operativo en 30 días y ha aclarado que está concebido “única y exclusivamente para poder informar a los propietarios afectados”.
El vicedecano del colegio de Cáceres ha matizado que el problema de la ocupación de ilegal de viviendas tiene muchos “prismas”, la jurídica, a la que en parte se da respuesta con el acuerdo rubricado, pero también una “humana y social”, protagonizada por quienes realizan esta acción. “Son dos caras que deben ir cogidas de la mano. No podemos poner los medios para uno olvidándonos del otro”, ha indicado.
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