Las diputadas María Isabel Barquero, por PSOE; Gema Cortés, por PP; Jara Romero, por Podemos; y María Victoria Domínguez, por Ciudadanos, fueron las encargadas de leer la Declaración Institucional sobre Violencia Machista que firman los cuatro grupos políticos con representación en la Asamblea de Extremadura y que presentaron este miércoles a la presidenta de la cámara durante el acto institucional del Día para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer celebrado en el parlamento extremeño:
Declaración
“La violencia machista no es un problema que afecta al ámbito privado. Al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas por sus agresores, carentes de los derechos mismos de la libertad, respeto y capacidad de decisión. Las violencias machistas suponen la manifestación más violenta de los derechos humanos y la más grave violación de los mismos que padece nuestra sociedad.
Desde el año 1995, 1.389 mujeres han sido asesinadas por violencia machista. Según los datos proporcionados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a fecha 26 de octubre, en España, contamos con 47 víctimas mortales como consecuencia de la violencia machista este año, 39 mujeres y 8 menores. Sin embargo, ateniéndonos al convenio de Estambul, sólo durante los meses de verano, el número de víctimas mortales por violencia machista han sido 36.
En este día, queremos tener un recuerdo especial para estas mujeres que han muerto como consecuencia de este horrible delito, para los menores huérfanos, que también son víctimas y para todas las mujeres y niñas que por el hecho de serlo, sufren violencia en cualquiera de sus manifestaciones.
Los asesinatos machistas son solo la punta del iceberg que forman las diferentes violencias que sufren a diario las mujeres, violencia que se ve acentuada con otras situaciones de discriminación como el lugar de procedencia, la orientación sexual, las capacidades físicas o la situación laboral. Las violencias machistas, cuya máxima expresión son los asesinatos, son un atentado contra los derechos humanos, como ya lo ha definido la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer (1993) y diversos organismos internacionales. Por lo tanto, es urgente acabar con ellas. Suponen un ataque frontal a la ciudadanía, a la igualdad entre las personas, independientemente de su género y su lugar de origen, al derecho a una vida plena de derechos y libertades, y, en extensión, a la democracia y al Estado de Derecho. Debemos poner el acento para que la prevención sea una política prioritaria, así como la protección tanto de las afectadas como de sus hijas e hijos para su recuperación vital, económica y social.
La Igualdad entre hombres y mujeres es un principio fundamental. El reconocimiento que hace la Constitución de 1978 de España como un Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político tiene que traducirse en plena consideración de las mujeres como sujetos de derechos de ciudadanía. Sin embargo, la ciudadanía de las mujeres aún no está consolidada y frecuentemente se encuentra en entredicho.
Este delito inaceptable debe enfrentarse con acciones y no sólo con discursos y palabras. Estamos decididos a no tener que llorar muertes, sino celebrar vidas. No puede haber retrocesos, es por ello que el día 7 noviembre se celebrará una marcha estatal en Madrid en la que la ciudadanía mostrará su más firme rechazo a los asesinatos machistas, y en general, hacia todas las violencias que sufren las mujeres y en defensa de sus derechos y libertades.
Todas las personas y entidades, especialmente las públicas, estamos emplazadas no sólo a manifestarnos, sino a reactivar y mejorar la prevención y la respuesta a la subsistencia de la violencia machista evidenciadas en los casos gravísimos de este verano, diez años después de la Ley Integral contra la Violencia de Género, de las numerosas leyes autonómicas y un año después de la ratificación del Convenio de Estambul que se incumplen sustancialmente en cuanto a la prevención en el ámbito educativo, que sólo dan protección laboral o económica al 1% de las 126.742 denunciantes, o de vivienda, mientras crece la desigualdad que es el caldo de cultivo de la violencia.
La Asamblea de Extremadura muestra su apoyo a esta movilización, ante un problema que es estructural, condena firmemente los asesinatos, y manifiesta su decidido compromiso en la defensa del derecho fundamental e inalienable de mujeres y niñas a vivir sin sufrir violencia y en libertad, contribuyendo activamente a la construcción del camino hacia la igualdad plena entre hombres y mujeres
Se compromete a seguir impulsando políticas públicas dirigidas a seguir construyendo el camino hacia la igualdad entre mujeres y hombres, así como a llevar a cabo campañas de concienciación contra las violencias machistas y dotar de recursos a quienes la sufren.
Al igual que muestra su compromiso para continuar por la apuesta decidida para mantener medidas que garantizan la autonomía de las víctimas; ayudas económicas y ayuda habitacional, dado que requiere dotarles de la independencia económica y física necesaria para garantizar su emancipación. Al igual que asesoramiento jurídico, ayuda psicológico y atención a los menores.
Una sociedad decente exige avanzar hacia una sociedad segura y libre de violencia machista, que garantice una respuesta efectiva a las mujeres que sufren esta violencia.
Tomemos conciencia de una vez que el machismo mata y hagamos un llamamiento conjunto a toda la sociedad para acabar con este tipo de violencia que impide que las mujeres realicen sus potencialidades, restringe el crecimiento económico y socava el desarrollo. Donde existe violencia contra la mujer, no hay sociedades civilizadas.
La Asamblea de Extremadura, a través de sus Grupos Políticos, se compromete a ello.“