El “pin parental” que ya no es “pin parental” en Extremadura

Vox volverá a llevar a la Asamblea de Extremadura una iniciativa para hacer cumplir a María Guardiola el punto 32 de su acuerdo de gobierno, con el que se busca garantizar la neutralidad ideológica de la enseñanza, un “pin parental” que ya no es “pin parental”, según defienden, porque esta denominación solo es acuñada por la izquierda.

La formación de Santiago Abascal reniega así de su propio pasado, al menos en Extremadura, y obvia que en su programa electoral de 2019, concretamente en su punto 21, abogaba literalmente por “implantar el sistema de cheque escolar, el PIN parental, y la Autorización Expresa” de los padres para cualquier actividad con contenidos de valores éticos, sociales, cívicos-morales o sexuales“.

Esa obsesión de los de Abascal en Extremadura por que se cumpla este punto del acuerdo de gobierno que permitió investir a María Guardiola como presidenta del PP en la región, volverá a plantearse nuevamente en el pleno del Parlamento extremeño el próximo jueves y, como ya ha ocurrido en otros debates, unos no lo nombrarán y otros dirán que lo que se debate solo tiene un nombre: “pin o veto parental”.

 La iniciativa de Vox, esta vez en forma de propuesta de impulso insta a la Junta de Extremadura a “asumir un compromiso inequívoco de respetar el derecho de los padres a elegir libremente la educación de sus hijos, garantizado en el artículo 27 de la Constitución Española”, con un contenido similar al que contempla el punto 32 del acuerdo de gobierno que firmaron con María Guardiola.

Hasta ahí, la cuestión no plantea muchas dudas, pero sí lo hace cuando pide también al Gobierno extremeño “revisar los currículos educativos y adoptar las medidas necesarias para la inmediata retirada de libros de texto y material educativo que contenga cualquier tipo de adoctrinamiento o contenido potencialmente dañino para la inocencia de los menores”

Además, propone “garantizar el conocimiento previo y aceptación de los padres de cualquier contenido afectivo-sexual o ideológico que puedan recibir sus hijos en el aula”.

Tanto para el Grupo Socialista como para Unidas por Extremadura, esta propuesta de impulso, así como otras iniciativas similares planteadas por Vox en el Parlamento extremeño, plantean claramente la instauración en la región de un “pin o veto parental”, ya que “habilitaría a los progenitores o tutores legales de un estudiante a negar su asistencia a actividades completamentarias fuera del currículo formal”, según la portavoz del PSOE, Soraya Vega.

En ese sentido, desde el PSOE extremeño se recuerda que el “pin parental” se planteó en Murcia a inicios de 2020, como imposición de Vox para investir presidente de la comunidad autónoma a Fernández López Miras, y que se prefirió abandonar el término, aunque no sus plantemientos y filosofía, tras las movilizaciones de la escuela pública.

Esta sería una de las razones por las que Vox repudia ahora la denominación de “pin o veto parental” para sus mismas propuestas, porque en el programa electoral de 2023, vuelve a dejarse claro que “los hijos son de los padres” y proponen “garantizar el conocimiento previo y aceptación de los padres de cualquier contenido afectivo-sexual o ideológico que sus hijos puedan recibir en el aula”.

Para la docente y presidenta del Grupo Socialista en el Parlamento extremeño, Piedad Álvarez, hay además un motivo de peso en Extremadura para que aquí no se quiera llamar por su nombre al “pin parental” y es que la presidenta de la Junta, María Guardiola, dijo que nunca lo aplicaría y Vox no la quiere hacer pasar de nuevo por el hecho de que tenga que desdecirse de sus propias palabras.

Por ello, en todos los debates y es de suponer que también en el del próximo jueves, por parte del PP se limitarán a decir que la propuesta de Vox no es “pin parental” simplemente porque los de Abascal no utilizan ese término y porque todo esta recogido en el derecho constitucional que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación que esté de acuerdo a sus convicciones. 

Entre dimes y diretes, lo que sí está claro es que la Ley de Educación de Extremadura establece que las actividades formativas sobre educación afectivo-sexual, identidad o cualquier otra temática de educación en valores que contemplen los centros en su Programación General Anual (PGA) no deberán someterse al consentimiento expreso previo familiar.

La PGA es un documento planificador de carácter público cuya aprobación corresponde a la dirección y su evaluación al Consejo Escolar. 

Además, el “pin parental”, se llame así o simplemente no se llame, “no tendría amparo alguno en el ordenamiento jurídico que rige el sistema educativo” y “sería incompatible con la autonomía pedagógica de los centros educativos”, reconocida por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.