Los tres grupos de la oposición en la Asamblea de Extremadura han denunciado este viernes que el PSOE está intentando colar “por la puerta de atrás”, sin garantías jurídicas y obviando informes y trámites preceptivos, la modificación de más de una treintena de leyes.
PP, Ciudadanos y Unidas por Extremadura han comparecido, por separado, en sendas ruedas de prensa para denunciar lo que han considerado un “abuso” de la mayoría absoluta socialista durante la tramitación del proyecto de ley de mejora de los procesos de respuesta administrativa a la ciudadanía y para la prestación útil de los servicios públicos.
Según han explicado, esta norma impulsada por el Ejecutivo autonómico planteaba la modificación de 27 leyes regionales pero ahora, durante su tramitación en comisión parlamentaria, el Grupo Socialista ha presentado 39 enmiendas parciales a la misma para dar lugar a un texto “totalmente distinto” y que cambia incluso leyes que no estaban contempladas en el proyecto original.
Se trata de un “precedente peligrosísimo” a nivel legislativo, ha advertido la portavoz parlamentaria del PP, Cristina Teniente, un “abuso sin precedentes” de la mayoría absoluta obviando informes preceptivos “por la vía de meter por la puerta de atrás un texto legislativo totalmente nuevo”.
Es un “absoluto escándalo”, ha aseverado la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, que ha precisado que con las enmiendas socialista se modifican más de 35 leyes y cuestiones “muy controvertidas y muy graves”, como que los proyectos de extracción de litio sean designados proyectos de interés autonómico, agilizando la tramitación en la Junta y limitando la autonomía local para la autorización de estos proyectos.
Además, ha detallado, los centros sanitarios pasan a ser considerados centros educativos, con lo que cual ya no tienen que pagar el IBI a los ayuntamientos, de modo que el de Badajoz dejará de recibir 1,2 millones y el de Cáceres 600.000 euros, y se suprime la inspección de consumo.
Cambios en las leyes de pesca y caza, en la ley de sociedades cooperativas, en la de simplificación administrativa aprobada hace pocos meses, y en la de ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura (LOTUS) también se introducen por esta vía, ha puntualizado el diputado de Cs José María Casares.
El parlamentario ha subrayado que las enmiendas socialistas afectan a cuestiones muy sustanciales “que hubieran exigido el estudio legal correspondiente”, además de generar una “inseguridad jurídica” por no estar sometidas a los informes y trámites que requiere cualquier cambio legislativo.
En esta misma línea ha incidido también Teniente, para quien se “desprecia” además a los grupos parlamentarios en una situación “inédita” en la Cámara regional.
A su juicio, lo que ha hecho en realidad el PSOE es presentar una enmienda de totalidad al proyecto de ley del Ejecutivo cuando el resto de los grupos, “con una voluntad negociadora”, renunció a esta opción.
Según ha indicado, ello responde o a la “improvisación”, al haberse presentado una ley que es una “chapuza”, o a una acción “premeditada”, lo que sería “más grave” al intentar eludir los informes preceptivos, el plazo de alegación y todas las garantías democráticas “despreciando al Legislativo”.
“Lo que no quiero que se informe lo pongo por la puerta de atrás”, ha criticado Teniente, que ha mencionado que también se cambia la ley de espectáculos públicos, de gobierno y administración, de gobierno abierto y de medidas ante el reto demográfica, que precisamente fue aprobada por unanimidad.
En este sentido, ha apuntado que el PP ha presentado 27 enmiendas al proyecto de ley, pero sin proponer cambiar cuestiones no contenidas en el texto legislativo, pues “es un principio que siempre se ha cumplido”.
Respecto a las vías de actuación que les queda, Teniente ha señalado que “no podemos hacer más”, al tiempo que ha pedido que se retire el proyecto de ley o las enmiendas socialistas.
Para De Miguel, es una “nueva cacicada”, una forma de actuar “impresentable e indecente” que demuestra “lo mal que le sienta al PSOE la mayoría absoluta” al intentar modificar leyes “que nada tienen que ver con el objeto real de la ley”.