La Asamblea de Extremadura rechazarán este jueves previsiblemente, con los votos del PP, PSOE y Vox, la propuesta de ley para la creación de la institución del Personero del Común, la versión autonómica del Defensor del Pueblo, con sede en Plasencia (Cáceres), formulada por Unidas. PP y Vox han defendido sendas enmiendas a la totalidad postulando la devolución del texto.
Antes, el diputado de Unidas José Antonio González Frutos ha señalado que esta iniciativa tiene que ver con los derechos humanos, lo que ha aprovechado para recordar que su compañera de escaño, Nerea Fernández, que estos días participa en la llamada “Flotilla de la Libertad” de Gaza.
González Frutos ha agradecido al Gobierno regional que está vez no haya sido vetado el debate como ha ocurrido en alguna legislatura y ha defendido contar con una figura como tienen comunidades autónomas como Andalucía, Castilla y León y Canarias, entre otras. Además, ha planteado por qué Extremadura tiene una Defensora de los Usuarios de la sanidad pública y no para el resto.
La propuesta de ley recuerda que desde los inicios de la andadura autonómica se previó un órgano similar al Defensor del Pueblo que velase por los derechos de la ciudadanía extremeña, por lo que procede continuar con su desarrollo estatutario.
El Personero del Común es “una institución más de control que se acomoda claramente a la evolución del estado social y democrático de derecho y a las deficiencias que éste ha demostrado de su pretensión garantista de los derechos y libertades”, indica la propuesta de ley.
La exposición de motivos señala, además, que “en un contexto caracterizado por la pérdida de confianza, la desafección política y el desapego por las instituciones, la implicación de la ciudadanía en el control del buen gobierno va más allá de ejercer el derecho al voto”.
Por ello, la propuesta de ley introduce “medidas de transparencia y participación ciudadana, así como la posibilidad de denuncias anónimas como herramienta para empoderar a la ciudadanía y alertar de las malas praxis y de la corrupción, práctica avalada por el Parlamento Europeo”.
La norma, que consta de 44 artículos, tres disposiciones adicionales, otras tantas transitorias y una final, establece que el Personero del Común será elegido por la Asamblea por un período de cinco años, pudiendo ser reelegido una sola vez por igual período.
El diputado popular Juan Luis Rodríguez Campo ha mostrado su respeto hacia la figura estatutaria y ha rechazado su creación porque no es el momento y “no es una prioridad ni para Extremadura ni los extremeños”.
Por lo tanto, ha considerado que es una enmienda a la totalidad y “a la oportunidad”, y ha considerado que existen varias instituciones para que la ciudadanía defienda sus derechos. A su juicio, es más un “postureo”, ya que si tuvieran un “interés sincero” hubieran incluido enmiendas en los presupuestos regionales para 2024, ya que sin fondos para su funcionamiento es “pura ficción”.
Rodríguez Campos ha asegurado que no está entre las cuestiones más demandas por los extremeños en cualquier estudio sociológico y, sin renunciar a ella, ha abogado por plantear un “debate tranquilo” para sondear a otros grupos en busca del consenso.
En parecidos términos se ha expresado el diputado de Vox Óscar Fernández Calle, que ha ironizado sobre el “clamor popular” para existe para crear esta institución. Ha considerado que este debate es “una perdida de tiempo” porque se ha rechazado en otras legislaturas con otra composición parlamentaria y otro Gobierno regional.
Fernández Calle ha recordado que en el pacto de gobierno con el PP figura la supresión de “organismo innecesarios” y que ya existe un Personero Común “grande”, el del Defensor del Pueblo, aunque en Extremadura tiene escasa demanda.
El diputado socialista Jorge Amado, se ha mostrado de acuerdo en el fondo, pero ha considerado que no lo pueden aceptar la propuesta, como hicieron la legislatura pasada, por el coste económico, lo que ha obligado a derogarlo en otras CCAA, y sobre todo porque ya existen otros órganos de garantías. Amado ha dicho que la enmienda de Vox es “anticonstitucional” porque ataca el Estado de las autonomías.