No es una reacción del PP a los casos que han salpicado a la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, o al menos la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura, Cristina Teniente, se ha esforzado, y mucho, en desvincularlo. Pero su formación ha solicitado este miércoles una comisión de investigación parlamentaria por los 522 contratos de emergencia realizados desde el inicio de la pandemia por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales y también para conocer por qué se ha adjudicado mediante el procedimiento de urgencia el contrato de 39 millones de euros del servicio de transporte sanitario terrestre.
Teniente ha exigido explicaciones al consejero de Sanidad, José María Vergeles, al que ha acusado de “falta de transparencia y ejemplaridad” porque “hay cientos de millones de euros de fondos europeos y del Gobierno que no podemos permitir que se adjudiquen caprichosamente o haya dudas y sombras sobre su gestión”.
En total, según los datos aportados por el PP, desde marzo de 2020 se han formalizado 522 contratos de emergencia por valor de 176 millones de euros. De ellos, 408 corresponden a suministros de material sanitario y están valorados en 90 millones. Según Teniente, en estos últimos hay “aspectos curiosos y llamativos”, como que el precio de las mascarillas FFP2 pasaran de costar 1 euros la unidad a 6,5 euros “con seis días de diferencia” o las batas, que doblaron su precio en 10 días. Pero la diputada del PP ha obviado que la escasez de material sanitario y los problemas de abastecimiento originaron un considerable aumento de los precios.
Adjudicación “a dedo”
Por otro lado, y como ya anunció el PP en el pleno del pasado jueves, ha solicitado que la Asamblea investigue por qué se adjudica mediante procedimiento de urgencia el contrato de ambulancias, valorado en 39 millones de euros, cuando desde el final de la sexta ola de la COVID no hay motivos que lo justifiquen. Teniente ha calificado de “auténtica barbaridad” que el contrato se adjudique “a dedo” a una empresa constituida “unos meses antes”, por lo que ha puesto en duda su solvencia técnica, y con un capital social de 5.000 euros. Además, esta empresa no está inscrita en el registro de servicios y suministros de Sanidad.
La portavoz del PP ha intentado explicar por qué han tardado tanto en denunciar públicamente estos contratos. Según ha denunciado, “hay contratos que tardan mucho en publicarse, incumpliendo los plazos”. Además, otro de los motivos es que han preferido esperar a conocer la totalidad de los contratos, aunque ha admitido que en ninguno de ellos hay indicios tan claros como en el del servicio de transporte sanitario terrestre.
Por otro lado, el PP de Mérida también ha denunciado este miércoles el gasto de 214.000 euros del Ayuntamiento, gobernado por el PSOE, en la compra y reparto de mascarillas en los colegios, pues “ya no hay obligatoriedad de su uso en espacios cerrados”. No obstante, han asegurado estar “sorprendidos” no solo por el coste, sino por por “lo oscuro del proceso”.