Al finalizar el primer trimestre de 2023, la deuda pública de las Comunidades Autónomas alcanzaba la cifra de 327.346 millones de euros (M€). En valores absolutos, las comunidades autónomas más endeudada eran Cataluña (86.800 millones de euros), seguida de Comunidad Valenciana (57.246 M€ ), Andalucía (38.018 M€), Madrid (37.658 M€), y Castilla la Mancha (15.839 M€). Extremadura ocupaba el puesto 13, con una deuda pública de 5.161 millones de euros.
Poniendo estas cifras en relación con el Producto Interior Bruto de cada Comunidad, el primer puesto de este ranking lo ocupaba la Comunidad Valenciana, con una deuda que suponía el 43,50% de su PIB, seguida por Cataluña (32,40%), Murcia (32,10%), Castilla la Mancha (32,10%), Baleares (25,30%), Extremadura (22%), Aragón 20,50%) y Andalucía 20,20%. En la Comunidad de Madrid su deuda pública suponía el 13,7% de su PIB.
De esta deuda que arrastran las comunidades autónomas, el principal acreedor es el Estado, con el que mantienen una deuda de 191.750 millones de euros, siendo los principales deudores: Cataluña (73.110 millones de euros), Comunidad Valenciana (48.344 M€), Andalucía (25.409 M€), Castilla la Mancha (11.363 M€) y Murcia (10.286 M€). Extremadura mantiene una deuda con el Estado de 2.494 M€.
Finalmente, la deuda por habitante mas alta es la de los catalanes (10.881€), seguida de valencianos (10.861€), murcianos (7.732€), castellanos-manchegos (7.584€), baleares (7.371€) y aragoneses (6.716€). Los extremeños debemos 4.897€ cada uno, algo menos que los madrileños (5.441€) y algo más que los andaluces (4.421€)
En este panorama, el acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez suscrito entre el PSOE y ERC contempla que “se tramitará una modificación legal de alcance general para todas las Comunidades Autónomas de régimen común que permita la asunción por parte del Estado de parte de la deuda autonómica con este, originada por el impacto negativo del ciclo económico, para lo cual se determinará qué parte del incremento de la deuda obedece al impacto del ciclo, pudiendo también acudirse a transferencia para la cancelación de la deuda en el caso de endeudamientos con terceros distintos del Estado, caso de ser necesario”.
Como se trata del acuerdo con quien gobierna en la Generalitat, dicho acuerdo fija en el entorno del 20% de la deuda viva de la Generalitat la que asumirá el Estado, porcentaje que supondrá unos 15.000 millones de euros.
A partir de aquí, -una vez pasado el estruendo producido por quienes intentan por tierra, mar y aire desgastar a Pedro Sánchez, asumido que será investido-, será necesario debatir, negociar y acordar cómo se aplica esa quita en la deuda al resto de comunidades autónomas. No será fácil, pero habrá que hacerlo para evitar discriminaciones y agravios.