“Los impuestos son un signo de legalidad y justicia. Cuando los impuestos son justos, son para el bien común”. Comienzo este espacio quincenal en El Diario de Extremadura con estas sensatas palabras del Papa Francisco, que suscribo una por una. Los impuestos sirven para redistribuir la riqueza, para proteger a los que menos tienen. Por eso, es de justicia que todas aquellas personas a las que, afortunadamente, mejor les va, aporten más a la hucha común y que quien más lo necesite sea quien más reciba del erario público. Y esto, que debería ser un consenso social, es el origen de dos formas antagónicas de hacer política.
Por un lado, está quien desdeña todo lo relacionado con la redistribución de la riqueza y entiende que la economía lo es todo, que los mercados se regulan solos, y que quien no puede subirse a esa rueda, se queda tirado por el camino. Y por otro, estamos los que creemos que el Estado debe asegurar el bienestar de toda la ciudadanía, garantizando la igualdad de oportunidades.
Por eso, unos están concentrados en que las políticas beneficien a las clases privilegiadas y otras estamos empeñadas en que el conjunto de la ciudadanía sea el objeto de las decisiones políticas, y no solo unos pocos. Por esta razón, mi grupo parlamentario, Unidas por Extremadura, ha decidido no volverse a sentar en la mesa de negociación de los presupuestos del próximo año que ha iniciado el gobierno del PP porque sus planteamientos distan mucho de los que tenemos nosotros, ya que su objetivo fundamental para 2025 es seguir ahondando en la reforma fiscal que iniciaron cuando llegaron al gobierno, y que solo ha beneficiado a las clases más pudientes de Extremadura.
Dar marcha atrás a esta reforma es una de las medidas que le planteamos en el inicio de esa negociación porque, a pesar de lo que el ejecutivo de María Guardiola predica, no ha beneficiado a las rentas medias y bajas, sino todo lo contrario. Le ha perdonado los impuestos a los ricos, eliminando el impuesto de patrimonio, el impuesto a los grandes tenedores de vivienda o la que grava los vehículos de gran cilindrada y aplicando una reforma del IRPF que, a pesar de la propaganda, va a beneficiar más a las rentas altas que a las bajas. Y mientras han hecho esto, han aprobado ayudas y becas sin atender al criterio de renta, propiciando que todo el mundo, incluso los que más tienen, puedan acceder a ellas. Un auténtico despropósito.
Las consecuencias de esta política fiscal la sufriremos en Extremadura en poco tiempo, cuando el Estado nos liquide los tributos cedidos, especialmente IRPF, y veamos una reducción de ingresos significativa, que obviamente repercutirá en los servicios públicos más básicos, como son la Sanidad, la Educación, el sistema de atención a la Dependencia o los programas de atención social, que precisamente son los que garantizan el principio de igualdad de oportunidades de toda la ciudadanía. Pero esto, al gobierno del PP, y especialmente a María Guardiola, le da igual, porque ellos y los suyos, para los que gobiernan, podrán costearse todo eso.
La negativa a reconducir la reforma fiscal se une a otro NO para otra de las cuestiones que nosotros consideramos que es de justicia. Le planteamos en la mesa de negociación un impuesto a las grandes instalaciones fotovoltaicas, que están en manos de las eléctricas que durante décadas llevan expoliando nuestros recursos, haciendo jugosos beneficios, y dejándonos aquí migajas. Esto que planteamos no es algo nuevo, La Rioja acaba de anunciar la creación de este tipo impositivo, que no sólo permitiría mejorar nuestra recaudación, sino que además contribuiría a revertir la tercera colonización energética de nuestra tierra, haciendo que los beneficios se queden aquí, y que no pase como está ocurriendo ahora, como, por ejemplo, con Iberdrola, que se está haciendo de oro en Extremadura, pero tributa en el País Vasco.
Pero no solo hemos tenido una negativa en el capítulo de ingresos. En los gastos nosotros les planteamos al gobierno de María Guardiola cinco cuestiones claves, que consideramos que benefician a la inmensa mayoría de la ciudadanía extremeña, y que en algunos casos, ni siquiera tienen un coste económico. No lo ponen en marcha, no porque no puedan, si no porque no quieren. Por sectarismo político.
Me estoy refiriendo, por ejemplo, al tope a las subidas abusivas de los alquileres que estamos sufriendo en algunas zonas de nuestra región y que están dificultando el acceso a una vivienda a familias y a jóvenes. Solo acogiéndose a la Ley de Vivienda estatal, que se aprobó en la pasada legislatura gracias al empuje de nuestros compañeros en Madrid, declarando zonas tensionadas, evitaríamos esas subidas abusivas.
Pero también se opusieron, por ejemplo, a algo básico, como recuperar la gratuidad de los comedores escolares, para los que casi no se necesita dinero. El propio gobierno del PP ha presumido que el 80 por ciento del alumnado tiene becado el comedor escolar. Solo un 20 por ciento restante no lo tiene. Esto supone aproximadamente 800.000 euros, y permitiría que unas 2.000 familias trabajadoras se ahorraran más de 1.000 euros al año por cada menor.
Cosas básicas a las que tampoco le dieron importancia. Aumentar el número de plazas públicas en residencias de mayores en nuestros pueblos. Les proponíamos que en 2025 se incrementara la financiación de 1.000 plazas públicas en las residencias municipales para garantizar una atención digna a las personas. Un incremento de 13 millones de euros, en un presupuesto que, según el PP, será el mayor de toda la historia de Extremadura.
También le exigimos un refuerzo para la Sanidad. Un incremento presupuestario acorde a las necesidades que tiene actualmente el sistema sanitario, que son muchas, no solo en materia de personal, sino también en equipación y nuevas inversiones. En el presupuesto del año 2023, de los 593 millones de euros que creció el sistema de financiación autonómica, solo un poco más de 170 millones fueron a los tres servicios fundamentales que financia el sistema (Sanidad, Educación y Servicios Sociales). Le exigimos recuperar en 2024 la inversión perdida en el año 2023, y que la subida de este año se destine fundamentalmente a una sanidad que, con la lista de espera desbocada, sigue pidiendo a gritos más inversión.
Y por último, le planteamos una cuestión novedosa, que creemos que garantizaría el relevo generacional en el sector primario. Proponemos una renta agraria para las nuevas incorporaciones reciban una renta mensual durante 3 años para garantizar que los jóvenes decidan trabajar en el campo, con un sueldo digno. Esto nos permitiría hacer frente al acaparamiento de tierras por parte de los fondos de inversión y el agronegocio que se están haciendo con todo el terreno fértil de nuestra región.
Como ven son cuestiones básicas, de justicia, que beneficiarían a la inmensa mayoría de la población de Extremadura. A cambio, lo que proponen es menos impuestos para los ricos, más ayudas para las clases privilegiadas y más deterioro de nuestros servicios públicos. Vamos, lo que viene a ser el modelo básico del PP. Para esto, con nosotros que no cuenten.
Irene de Miguel,
Portavoz de Unidas por Extrema