Para muchos es considerado el ‘retiro dorado’ de los políticos. Un órgano que este año tiene un presupuesto de 1.248.000, que se gasta básicamente en personal, y que tiene sus días contados. El Consejo Consultivo de Extremadura ha sido una plaza muy bien pagada, en torno a 5.000 euros mensuales, y realmente el único pasaporte para acceder era la recomendación política.
Pero parece que este el ‘chollo’ tiene sus días contados. El Grupo Parlamentario del PSOE ha registrado una iniciativa para que este órgano cese su actividad el 31 de diciembre. Los socialistas piden que su presupuesto se destine a “necesidades básicas” de los extremeños, para lo que espera la unanimidad de la Cámara.
El portavoz parlamentario socialista, Valentín García, fue el encargado de presentar a la prensa una Propuesta de Ley para que se derogue la Ley 16/2001 reguladora de la Consejo. Según dijo, a pesar de esa posible suspensión dentro de uno de los compromisos electorales del PSOE, el Consejo figura en el artículo 45 del Estatuto de Estatuto de Autonomía y seguirá en él como “una posibilidad de tenerlo” en tanto que no se reforme este texto.
Además, ha señalado que se reclama que las actividades del Consejo Consultivo extremeño se trasladen, mediante un convenio, al Consejo de Estado, lo que supondría un ahorro notable para la región con el objetivo de atender necesidades fundamentales de la población como la renta básica, la reducción de las listas de espera sanitarias y la educación.
Otra de las cuestiones que señaló es que los empleados públicos del Consejo pasarían a ser integrados en la Administración General de la Comunidad Autónoma, o de la Asamblea, para que no pierdan “ni sus derechos ni sus posibilidades”.
Valentín García criticó que el anterior Gobierno regional “aprovechó” la tramitación de la Ley de la Función Pública a principios de 2015 para “adendarle y anexarle al Consejo Consultivo el tribunal de los contratos administrativos y de las reclamaciones patrimoniales”.
Por contra, ha continuado, según la iniciativa parlamentaria del PSOE esta función pasaría a ser desempeñada por “un jurado de recursos contractuales de naturaleza administrativa” constituido por funcionarios. Esto evitaría que los ciudadanos reclamen a las administraciones públicas por diversas circunstancias eviten tener que acudir a la vía judicial.
El Consejo Consultivo extremeño
La ley de creación del Consejo Consultivo de Extremadura establece tres vías para acceder a uno de los puestos de consejeros: una, por nombramiento de la Asamblea, dos deseo del presidente del a Junta; y tres, por haber ocupado con anterioridad un cargo importante, tal como presidente del Gobierno, del Congreso, senado o del Supremo o sus equivalentes a nivel regional, presidente de la Junta, Asamblea o TSJEx.
Como recompensa por haber ocupado altos cargos, accedieron al Consejo los ex presidentes socialistas de la Asamblea, Antonio Vázquez o Federico Suárez.
El expresidente del Senado Juan Ignacio Barrero también se sienta en el Consultivo pero no como premio por haber presidido el Senado, sino por la otra vía, esto es, por sus méritos como juristas, una afirmación que cuando menos causa sorpresa entre la judicatura regional. La diferencia entre una vía de acceso y otra es notable, ya que los que llegan tras ocupar un alto cargo solo pueden permanecer la mitad del tiempo que tuvieron el cargo y los que son elegidos por su reconocido prestigio (es la fórmula que dice la ley) pueden estar cinco años, y volver a ser elegidos por otros cinco.
El último ilustre en entrar en el Consultivo extremeño ha sido el ex consejero Pedro Nevado Batalla. Nevado Batalla cesó como consejero de Administración Pública y se fue al Consultivo por nombramiento de Monago; el presidente a la sazón del consultivo, Clemente Checa, se fue a Mérida a ocupar la silla que dejaba libre Nevado. Poco después se hacía público que Checa había cobrado siendo presidente del Consultivo por unos trabajos extras, algo expresamente prohibido por las normas del Consejo. Fue, posiblemente, el último y definitivo episodio que empujó al cierre a ese organismo tras una década.
Aunque el cometido del Consejo fuera dar dictámenes sobre proyectos de ley del gobierno regional, la mayor parte de sus decisiones han girado en torno a atropellos cinegéticos. Todas esas funciones se volverán a hacer en la Junta.