Reducir las oposiciones masivas, entre las propuestas de tres juristas para reformar la función pública

Incentivos para agotar la edad máxima de jubilación, priorizar las oposiciones de turno libre, limitar comisiones de servicio y puestos de libre designación y crear un tribunal administrativo especializado en empleo público son algunas de las propuestas de expertos juristas para la Función Pública en Extremadura ante retos como las altas tasa de jubilaciones próximas.

Así se desprende de las conclusiones del informe para la reforma del régimen jurídico de la Función Pública de Extremadura, elaborado por una comisión de expertos por encargo de la Junta y que analiza y plantea soluciones en este ámbito.

La magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura Carmen Bravo Díaz; el antiguo abogado del Estado Juan José Torres Ventosa; y el profesor de la Universidad de Extremadura y doctor en Derecho Administrativo, Pedro Brufao Curiel, han sido los encargados de estos trabajos.

Todos ellos han acompañado este miércoles a la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, y al director general del ramo, Domingo Expósito, en la presentación, en rueda de prensa, del informe, que trata de evitar la “bunkerización” de los empleados públicos y mejorar el servicio, según Expósito.

Para los juristas, la ley extremeña de Función Pública, de 2015, es una “buena ley”, pero hay que actualizarla en parte y modificar ciertas medidas, reglamentos y decretos.

El informe refleja cinco ejes de atención preferente para la reforma del ordenamiento de empleo público en la Junta. Así, sobre el eje relacionado con la clasificación y ordenación profesional, los expertos recomiendan “refundir” cuerpos de titulados superiores y medios en uno, crear especialidades propias para nuevos grados y plazas para FP.

Un estudio de las titulaciones para el desarrollo de los diferentes puestos de trabajo, para que una misma titulación sirva para acceder a diferentes cuerpos, y fomentar así la “necesaria movilidad” es otras de las medidas reflejadas.

Además, los expertos abogan por “primar” el proceso de oposiciones al concurso, e “incluso” al concurso-oposición, y reducir la celebración de convocatorias “masivas” con miles de candidatos, en materia de ofertas de empleo público y selección, eje dos.

Sistemas de acceso ágiles, atendiendo al mérito y capacidad, junto con la preparación objetiva de los tribunales, con pruebas no tipo test “memorísticos”; un periodo de prácticas o de prueba en la mayoría de puestos de trabajo antes de la selección final del candidato para evaluar su desempeño “real y efectivo” y la recuperación del “contrato administrativo de personal”, para evitar bolsa de interinos, son otras propuestas.

En cuanto al eje 3, de la promoción profesional, recomiendan primar la necesidad del servicio frente a otras consideraciones en los concursos, sobre el cual “ha de ceder la libre designación”; atraer empleados de otras administraciones y no abusar de las comisiones de servicio con la “flexibilidad de la movilidad”.

“Huir” del carácter “meramente retributivo” de la evaluación del desempeño y la carrera profesional y que sirva “para premiar a los mejores”; dar preferencia en cursos y promociones y días libres por “asumir más cargas” funcionarios de forma excepcional; recuperar “la carrera” según el esfuerzo personal son otras medidas.

Por último, ante el elevado número de jubilaciones en los próximos años (más del 20 % de los funcionarios hasta 2030 y el 60 % en 2040), se pide fomentar la prolongación en el servicio activo hasta el retiro forzoso con medidas “presupuestarias y laborales” y desincentivar la jubilación voluntaria. La creación de la figura del “funcionario tutor” para la transferencia del conocimiento es otra propuesta.

Crear un tribunal administrativo de función pública para resolver los recursos laborales, similar al de Andalucía y Aragón, entre otros, reforzar la Escuela de Administración Pública, al dotarla de naturaleza de organismo autónomo, es otra de las recomendaciones.

Por su parte, Elena Manzano ha eludido suscribir las propuestas presentadas y ha dicho que el Ejecutivo acometerá las reformas que estime oportunas desde “el máximo respeto institucional” y “el diálogo social”, tras recibir el informe de los juristas.

Una “revisión integral” de toda la función pública y sus normas y decretos cuyos “asuntos concretos a modificar” la Junta pretende plasmar en el orden del día de la próxima Mesa General de Negociación con los sindicatos, en la que ya está incluido el proyecto de regulación de indemnizaciones.

Y es que, según ha apuntado Manzano, algunas de las normas son de hace 30 años, como el Decreto del Reglamento General de Ingreso del Personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Además, ha recordado que el decreto para regular el teletrabajo está en información pública y el Ejecutivo trabaja en desarrollar otros textos normativos como la Ley de Cuerpos y Escalas o el Plan de Ordenación de Recursos Humanos.

Todo ello, “de la mano de expertos juristas y agentes sociales”, ha insistido la consejera, para, posteriormente, impulsarlo en la Asamblea, donde espera que los grupos apoyen estas reformas dirigidas a prestar “un mejor servicio público”, ha concluido.