El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado este jueves la creación de un grupo de trabajo operativo, en el que podrán participar Ecologistas en Acción y Adenex como observadores, para cumplir el auto judicial sobre el complejo urbanístico Marina Isla de Valdecañas.
La comisión interdepartamental para la ejecución de las sentencias dictadas en los procedimientos judiciales relativos al proyecto de interés regional promovido por Marina Isla de Valdecañas S.A. pretende cumplir el mandato judicial con agilidad, “eficacia, eficiencia y transparencia”. Previsiblemente se reunirá por primera vez la próxima semana.
Así lo ha señalado la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, quien ha explicado que estará integrada por seis o siete miembros. Serán los titulares de los órganos directivos de la Administración regional relacionados con el cumplimiento de las obligaciones que impone la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura sobre este complejo urbanístico.
Además están invitadas a participar como observadores las partes implicadas en este largo proceso judicial, entre ellas Ecologistas en Acción y Adenex, que ya han anunciado su intención de presentar un recurso al auto; así como un representante de las demás partes interesadas en el procedimiento.
Funciones de la comisión
La comisión se encargará de aprobar un plan o programa de trabajo para proceder a la demolición y restauración acordadas en la sentencia, así como un plan o programa para proteger el medio ambiente.
Se suman medidas compensatorias que correspondan y velará también porque se realice el pago de indemnizaciones y por la afectación medioambiental y ejecución coordinada de las actuaciones a realizar en materia de depuración de aguas en los municipios afectados.
En definitiva, según Blanco-Morales el trabajo de la comisión será “muy operativo, muy diligente y estricto”.
El auto
La creación de esta comisión está motivada por el auto de 30 de junio de 2020 de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia que determina la forma en que se ejecutarán las sentencias dictadas en dichos procedimientos judiciales.
Entre las obligaciones que el auto impone a la Junta de Extremadura se encuentran la aprobación de dos programas, uno para proceder a la demolición y restauración acordadas, y otro para proteger el medioambiente y aplicar medidas compensatorias.
Composición del órgano
La presidencia del órgano estará a cargo de la Abogacía General de la Junta de Extremadura, la vicepresidencia será de la Secretaría General de Transición Ecológica y Sostenibilidad, como vocales la Secretaría General de Agricultura Desarrollo Rural, Población y Territorio y las direcciones generales de Política Hidráulica, Política Forestal y Sostenibilidad dado que habrá que ejecutar planes de demolición y restauración y protección medioambiental.
Sus funciones son coordinar, hacer seguimiento permanente de las actuaciones e impulsar las acciones necesarias para cumplir lo que señala la sentencia. Los representantes administrativos podrán asistir a las reuniones con un técnico competente en la materia a tratar.