Unidas por Extremadura ha denunciado que la planta de biogás proyectada en La Coronada (Badajoz) está en manos de una “empresa especuladora” con un capital social de tres mil euros y a la que se han cedido 70 hectáreas “cuando solo necesita cuatro”.
La portavoz de la coalición, Irene de Miguel, y la diputada Nerea Fernández han visitado este miércoles los terrenos donde se pretende construir esta planta, además del basurero de esta localidad pacense. “Estamos ante un 'Salvatierra 2.0'”, ha afirmado De Miguel en alusión al fallido macrovertedero de Salvatierra de los Barros, que va a “multiplicar” los efectos del vertedero de la localidad, proyectado para 20 municipios y en el que en la actualidad vierten 198, lo que “está haciendo irrespirable el aire a los vecinos”.
De Miguel ha asegurado que este proyecto de planta de biogás está en manos de una empresa “especuladora” con un capital social de tres mil euros “que nunca antes se ha dedicado a esta actividad, ya que solo vienen al calor de los fondos europeos”. Por eso ha subrayado que “no nos merecemos en la Extremadura más vaciada estos proyectos que nos condenan a no tener futuro” ya que “nadie en su sano juicio se compraría una casa en un pueblo donde no se puede salir a tomar el fresco por los malos olores que tiene”.
Además, ha puesto en cuestión que el Ayuntamiento de Villanueva haya cedido, con un capital de 3.000 euros, 70 hectáreas mientras que el proyecto de la planta en su memoria dice que solo va a usar cuatro.
Por todo ello, De Miguel ha considerado que “hay que dar muchas explicaciones” para entender porqué un proyecto de cuatro hectáreas tiene un suelo público de 70 “y va a multiplicar los efectos del vertedero que ya está haciendo irrespirable el olor de La Coronada”.
Por su parte, Antonio Rodríguez, portavoz de la plataforma Salvemos La Coronada, ha afirmado que el proyecto supone un atropello al bienestar social de los vecinos y ha advertido de que, al calor de las subvenciones, “este tipo de proyectos están saliendo como setas por lo que creemos que no se va a respetar nada”.
Rodríguez ha informado de que se han reunido con responsables de la Junta, quienes les han trasladado que “va a seguir adelante el proyecto salvo que lo impida algún tipo de ilegalidad”. “Una cosa es que se cumpla la ley y otra cosa es lo que supone socialmente, porque esto implica que la población de La Coronada emigre”, ha advertido.